El ex interventor de los Ayuntamientos de Arrecife, de San Bartolomé y de Teguise, Carlos Sáenz, se enfrentará la próxima semana a su primer juicio del caso Montecarlo por la pieza separada de Fuerteventura, donde también fue interventor en el Ayuntamiento de La Oliva. La vista será la primera que se celebre por esta causa, que tiene otras tres piezas en Lanzarote: dos centradas en Arrecife y una más en San Bartolomé.
Este primer juicio se celebrará entre los días 29 y 31 de octubre ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y también sentará en el banquillo al empresario José Vicente Montesinos, que junto a Sáenz es el principal acusado en el caso Montecarlo. El tercer acusado en esta pieza es el ex concejal de Hacienda de La Oliva, Guillermo Morera Santana.
En su escrito de acusación, la fiscal Azuzena Oti Cabanelas pide 6 años de prisión para Carlos Sáenz por un delito continuado de malversación, a los que suma 2 años más de cárcel por tráfico de influencias o, subsidiariamente, 10 años más de inhabilitación en caso de que se considere acreditada la prevaricación, en calidad de inductor, y no el tráfico de influencias. Además, reclama seis años de cárcel y diez de inhabilitación para Montesinos por un delito continuado de malversación y 10 años de inhabilitación para el ex concejal de Hacienda por prevaricación.
En la causa también estuvo imputado el histórico alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, aunque la fiscal terminó pidiendo el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra él, por lo que no llegará a juicio.
Otra condena y un "modus operandi" que se repite
Carlos Sáenz, que es el nexo de todo el caso Montecarlo y será juzgado en las cuatro piezas de esta causa, ya tiene una condena a sus espaldas dentro del caso Unión, que fue la que le terminó apartando de su cargo como interventor de Arrecife hace poco más de un año, al declararse firme ese primer fallo. En total, el Tribunal Supremo le impuso 4 años y medio de cárcel y 8 de inhabilitación, al considerar acreditado que contribuyó a malversar más de 250.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife con los pagos a Proselan por servicios no prestados.
El mismo delito de malversación es el que se investiga en todas las piezas de Montecarlo, aunque con hechos y empresas distintas. No obstante, el nombre de Montesinos y el modus operandi se repite de forma casi idéntica tanto en la de La Oliva como en la de San Bartolomé, ya que ambos ayuntamientos contrataron a este mismo empresario para prestar servicios relacionados con la recaudación de tributos.
En el caso del municipio majorero, la Fiscalía sostiene que Montesinos se hizo con este servicio a través la empresa Tributos La Oliva gracias a una subrogación que se hizo "ilegalmente" y "contraviniendo lo dispuesto en la Ley de Contratos". Además, considera que quien estaba realmente detrás de esa empresa era el propio Carlos Sáenz, que "logró convencer a José Vicente Montesinos" para ponerse al frente de la sociedad.
Sáenz "exigía" a Montesinos una parte del dinero que recaudaba
Según la Fiscalía, desde el día en que Tributos La Oliva empezó a encargarse de la recaudación de impuestos del municipio, Carlos Sáenz "exigía regularmente distintas cantidades económicas" a Montesinos, "provenientes de fondos públicos dimanantes de la recaudación de impuestos". Así, sostiene que en lugar de entregar al Consistorio todo el dinero que recaudaba (ya que la empresa se encargaba directamente de gestionar los cobros, tanto en efectivo en la sede de la sociedad como mediante domiciliaciones bancarias), presuntamente destinaba una parte a entregar sumas económicas a Carlos Sáenz.
El escrito de acusación aclara que "las cantidades no han podido determinarse en su totalidad", ya que los pagos se hacían presuntamente en metálico. Sin embargo, sí hay pruebas documentales de algunas entregas de dinero. De hecho, en una cuenta bancaria de Carlos Sáenz, abierta en una oficina de Puerto del Rosario, consta un ingreso de 3.000 euros realizado por Montesinos.
Además, la fiscal señala que el empresario también "entregó" al interventor un coche en noviembre de 2007, perteneciente a Tributos La Oliva. El vehículo, un Volvo XC90, "fue utilizado por la ex mujer del acusado", según declaró el propio Sáenz en los Juzgados. Montesinos también pagó varios billetes de barco al interventor, computando incluso esos gastos en la contabilidad de la empresa.
