La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denegado la extradición de un ciudadano marroquí que fue detenido en el año 2024 en Lanzarote con una orden internacional de la Interpol, al que se le atribuía la comisión de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por presuntamente organizar desde la isla viajes en patera.
La Sala ha acordado denegar su extradición, solicitada por Marruecos, coincidiendo con el criterio de la Fiscalía y de la defensa del detenido, que alegaron que no concurría el requisito del mínimo punitivo. En España, para poder ser extraditado, la legislación fija en dos años el mínimo de privación de libertad.
En este caso, el Código Penal español recoge que el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros se castiga con penas de multa de entre tres y doce meses, o de prisión de entre tres meses y un año. Por el contrario, la legislación marroquí lo califica como delito de organización de emigración ilegal con una pena máxima de veinte años de privación de libertad.
El 18 de noviembre de 2025, se celebró ante el Tribunal Central de Instancia, en la Sección de Instrucción número 3 la comparecencia para dedidir esta extradición. El reclamado defendió que no consentía ser extraditado. Tras ello, el órgano de instrucción elevó el caso a la Sala de lo Penal de la Audiencia.
Tras los argumentos de la defensa y Fiscalía, el órgano judicial dictó la libertad provisional del detenido y rechazó su extradicción. Además, dejó sin efecto las medidas cautelares que fueron impuestas al reclamado durante la tramitación del procedimiento y remitió el testimonio a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia y al servicio de Interpol.
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