La Audiencia Nacional ha acordado mantener el decomiso de dos vehículos y una lancha a dos detenidos relacionados con una red a la que le fueron intervenidas 3,6 toneladas de cocaína en sendos desembarcos en Arrieta en Lanzarote y en el Sur de Tenerife.
También les fueron intervenidos un coche con un valor de 29.000 euros, dos furgonetas de 50.000 y 45.000 y una zódiac cuyo precio puede llegar a alcanzar los 300.000 euros.
Los encausados pidieron que se les devolviera la titularidad de los bienes intervenidos al alegar que no existe ningún nexo casual entre ellos y los hechos de los que se les acusa, y que la medida es desproporcionada.
La Audiencia Nacional mantiene sus sospechas de que se está ante una estructura criminal, especializada en el ámbito marítimo, mediante embarcaciones para introducir grandes cantidades de droga en España que vendría operando desde finales de 2024.
En este período se interceptó una lancha varada sin ocupantes en la localidad de Arrieta, en Lanzarote, y otra semirrígida en el Sur de Tenerife, tras lo cual se llevó a cabo la entrada y registro de los domicilios de los dos recurrentes.
En uno de estos se encontraron los dos vehículos y la lancha que supuestamente servirían para realizar su actividad delictiva; sospecha reforzada porque no se dispone de justificación laboral que acredite ingresos económicos lícitos para su adquisición.
Por ello, la Audiencia Nacional ve indicios de que los vehículos habrían sido adquiridos a través de la actuación delictiva, motivo por el que han sido incautados y se permite de forma provisional su uso a los agentes.
La Audiencia Nacional recuerda que ante este tipo de delitos, la ley autoriza el decomiso de bienes, medios, instrumentos y ganancias desde el primer momento en el que se inician las investigaciones.
En el caso de los coches son “especialmente aptos para ser utilizados en las labores de vigilancia y desplazamientos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, dada su escasez de recursos frente a los que habitualmente cuentan estas organizaciones delictivas”.
El auto añade que “no puede considerarse, por tanto, desproporcionado el decomiso de estos bienes, cuyo valor es muy inferior a las enormes ganancias ilícitas que se obtienen por el tráfico de drogas que se imputa a este investigado”
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