A la sexta fue la vencida. El juicio contra Dimas Martín por la pieza del caso Unión de Los Rostros ha arrancado finalmente este miércoles, después de haberse suspendido hasta en cinco ocasiones las vistas convocadas durante el último año. En uno de los casos, el motivo fue que el abogado de Dimas, Manuel González Peeters, tenía una intervención quirúrgica, y en otro que al letrado le coincidía con otro juicio.
La vista volvió a fijarse de nuevo para este miércoles 8 de febrero, cuando por fin ha comenzado a celebrarse el juicio. En esta pieza de Unión, el líder histórico del PIL es el único acusado que se sienta en el banquillo y la Fiscalía pide para él dos años de prisión y una multa de 12.000 euros por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Además, el Ministerio Público solicita que Dimas Martín corra con los gastos de las obras para "restaurar el orden jurídico perturbado".
En un escrito de acusación presentado hace ya dos años, la Fiscalía sostiene que Dimas realizó obras en un suelo protegido donde no se podía construir, multiplicando por dos la superficie de una pequeña edificación preexistente. Según el escrito de acusación, entre otras cosas, Dimas construyó una piscina de unos 30 metros cuadrados, amplió tres habitaciones para uso residencial de aproximadamente 90 metros cuadrados y creó una terraza pavimentada de acceso de unos 25 metros cuadrados y un amurallamiento de parte de la finca. Y lo hizo, según el fiscal, sin tener licencia y sin haber podido obtenerla, al tratarse de suelo rústico de protección natural, dentro además de una zona de valor ecológico (malpaíses).
Un procedimiento en el que llegó a haber 4 imputados más
Según confirmó un agente en esta causa, las obras que Dimas realizaba en Los Rostros fueron denunciadas en 2009 por Pedro de Armas, que puso en conocimiento del Seprona los trabajos. En aquel momento, Dimas Martín tenía el teléfono intervenido por orden judicial dentro del caso Unión, que continuaba bajo secreto. Fue esto lo que hizo que los agentes de la UCO pudieran seguir la pista de este nuevo presunto delito, al escuchar las llamadas posteriores que Dimas realizó, para hablar de esa denuncia, a la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y al alcalde de Tinajo, que entonces era además presidente insular de CC, Jesús Machín.
Acuña y Machín llegaron a estar imputados en esta pieza, aunque esas imputaciones terminaron archivándose. En el caso de la alcaldesa de Yaiza, en el auto en el que se acordó "desimputarla" la juez explicaba que Dimas Martín había tratado de "influir" sobre ella, para que incluyera "algún defecto" en el procedimiento que tuvo que incoar a raíz de esa denuncia. Con ello, según explicaba ese auto, el líder histórico del PIL pretendía que ese procedimiento se retrasara para poder terminar las obras. La juez señalaba que, aunque en esa conversación parecía que Acuña "lejos de ofenderse, admite las sugerencias del señor Martín", finalmente la alcaldesa ordenó paralizar los trabajos. Apuntaba que aunque no se precintaron, tampoco "consta acreditado que se continuaran ejecutando después" ni se detectaron consecuencias de los supuestos "defectos en la resolución" dictada por Acuña.
En cuanto a Jesús Machín, la juez decidió también archivar su imputación, algo que también había pedido la Fiscalía, así como la del ex edil de CC Leonardo Rodríguez, que gobernaba entonces con el PIL en Yaiza. En base a ese pacto, Dimas realizó una llamada a Machín pidiéndole que interviniera y mediara ante su compañero de partido para que el Ayuntamiento no le paralizara las obras. Sin embargo, más allá de esas conversaciones, el fiscal y la juez instructora consideraron que no habían quedado acreditada la participación de ninguno de los dos.
En esta causa llegó a haber una quinta persona imputada, el ex jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo. En este caso, la juez señaló que aunque consideraba que sí existían "indicios de la comisión de un delito de falsedad documental cometido el 20 de septiembre de 2006" en relación con esa vivienda, éste habría prescrito, por lo que se declaró "extinguida la responsabilidad".
