La plaza número 3 de la sección de instrucción del Tribunal de instancia de Arrecife (antiguo Juzgado de instrucción 3) ha decidido aplazar la declaración del alcalde de Arrecife, Yonathan de León (Partido Popular), prevista para este martes, tras escuchar el testimonio de la responsable del sistema CGI en el que se gestionaban las sanciones de tráfico anuladas de forma presuntamente irregular.
La encargada del programa informático GCI también realizó la auditoría que señaló a los usuarios que archivaron o dieron de baja los expedientes abiertos por multas de tráfico en la Policía Local de Arrecife.
Según ha explicado de León en declaraciones a La Voz, tras escuchar la declaración de la responsable de este sistema, la magistrada Silvia Muñoz decidió suspender el resto de declaraciones a la espera de "una auditoria más exhaustiva de todos los expedientes". Entre ellas, la de de León, pero también la de los empleados municipales investigados.
En la mañana de este martes, además de la responsable del sistema CGI, también ha declarado un agente de la Policía Local, responsable del servicio y otros tres agentes de la Policía Local. Estos tres últimos policías intervinieron en la anulación de una multa a un coche familiar del alcalde durante la celebración de la Gala Drag de los Carnavales de Arrecife de este año, que la Fiscalía también ha ordenado investigar.
Las personas que fueron llamadas a declarar como testigos abandonaron las dependencias judiciales pasadas las 15.00 horas de la tarde de este martes. Además, la mayor parte de las declaraciones de testigos y acusados fueron aplazadas hasta nuevo aviso.
Según la versión del alcalde, el juzgado solo contaba hasta la fecha con una parte de los expedientes anulados y la jueza ha solicitado todas las sanciones susceptibles de haber sido retiradas de forma irregular. En total, 2.300 multas de tráfico, que habrían dejado un agujero en las arcas públicas de cerca de 600.000 euros, desde 2016.
Irregularidades detectadas por la Policía Local
Las irregularidades fueron inicialmente detectadas por la Policía Local de Arrecife, que puso en conocimiento de los responsables municipales la existencia de expedientes sancionadores anulados o cancelados sin expediente administrativo.
Tras ello, el alcalde de León ordenó en otoño pasado una investigación interna, que dio pie a una auditoria y a varios informes municipales que se enviaron a Fiscalía.
Esta auditoría puso de manifiesto “la existencia de numerosas actuaciones de anulación de expedientes sancionadores realizados en el sistema informático, identificándose los usuarios que habían ejecutado dichas actuaciones”.
Por su parte, la Fiscalía considera que los hechos podrían constituir delitos de prevaricación y de malversación de fondos.
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