El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Las Palmas ha identificado a los conductores y responsables de varias empresas dedicadas al turismo de motor, que organizaban y promoción de rutas de enduro en motocicleta por zonas no autorizadas de la isla de Fuerteventura.
Estas actividades se desarrollaban en áreas que actualmente se encuentran sometidas a restricciones y cierres preventivos temporales establecidos por la Administración insular, debido a su elevado valor ecológico y con el fin de garantizar la protección de las aves durante su periodo de reproducción.
Excursiones en moto por varias zonas protegidas
La actuación se inició después de que la Patrulla del Seprona tuviera conocimiento de la existencia de varias empresas que presuntamente realizaban rutas ilegales por zonas no autorizadas y por espacios naturales protegidos. Entre los lugares afectados se encontraban áreas catalogadas como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC), espacios que cuentan con un elevado nivel de protección ambiental.
A partir de esta información, los agentes iniciaron las correspondientes investigaciones para verificar los hechos y determinar la posible responsabilidad de las empresas implicadas. Una vez obtenidos los primeros indicios y recopilados los datos necesarios, el SEPRONA intensificó las labores de vigilancia y control en aquellas zonas donde existían evidencias de la realización de estas actividades, estableciendo diversos dispositivos de seguimiento para comprobar su desarrollo.
Como resultado de las investigaciones y de los servicios de vigilancia realizados, los agentes lograron identificar a los responsables de las actividades investigadas. Asimismo, se constató que las empresas ofertaban paquetes turísticos que incluían alojamiento y rutas con vehículos a motor por espacios naturales protegidos, careciendo además de la documentación y de las autorizaciones preceptivas para el desarrollo de actividades de ocio y turismo activo en Canarias.
Por estos hechos, se procedió a la formulación de las correspondientes denuncias administrativas por presuntas infracciones a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que podrían conllevar sanciones económicas comprendidas entre los 600 y los 6.000 euros. Del mismo modo, también se formularon denuncias por posibles infracciones a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, cuyas sanciones podrían alcanzar importes de entre 1.500 y 300.000 euros.
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