La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha precintado una embarcación extranjera en el Muelle de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, tras detectar el vertido de un líquido de color rosáceo por una tobera lateral del barco.
La medida, adoptada por orden de Capitanía Marítima el 31 de julio de 2026, busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en aguas portuarias y proteger el medio ambiente marino.
Durante una inspección rutinaria realizada por la Patrulla Fiscal y Fronteras de Fuerteventura, en el Muelle de Puerto del Rosario, los agentes observaron cómo una de las embarcaciones atracadas expulsaba un líquido de color rosáceo por una tobera lateral. Al acercarse al barco, los agentes de la Guardia Civil identificaron a la tripulación, formada una pareja de origen extranjero, propietaria y tripulante de la embarcación.
Tras solicitarles la documentación pertinente, los agentes les preguntaron sobre el origen del líquido y si contaban con autorización para realizar el vertido. La pareja explicó que se trataba de aguas residuales procedentes de la lavadora, asegurando que era un producto ecológico, al igual que el barco, que describieron como “100% ecológico”.
Sin embargo, los agentes les informaron de que en aguas portuarias está prohibido verter cualquier tipo de líquido, sea ecológico o no, sin la debida autorización. Aunque los afectados manifestaron conocer dicha normativa y admitieron que en otras ocasiones habían evacuado el agua de forma manual, justificaron su actuación indicando que, en esta ocasión, habían optado por un método “más cómodo” y que, a su entender, no causaba perjuicio al medio ambiente.
Ante la imposibilidad de verificar la naturaleza del líquido y el riesgo potencial para las aguas portuarias, se dio traslado del caso a Capitanía Marítima en Las Palmas. La autoridad competente decretó el precinto cautelar de la embarcación, al considerar que los hechos podrían constituir una infracción grave, según el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Una garantía de 6.000 euros
Como medida provisional, la embarcación ha quedado inmovilizada hasta que se resuelva el expediente administrativo sancionador. Para levantar el precinto, los propietarios deberán prestar una garantía de 6.000 euros, con el fin de garantizar la eficacia de la resolución que se dicte. Esta medida se adopta, además, por el riesgo de que el barco, al estar bajo bandera extranjera, podría zarpar hacia su país de origen y dificultar el cobro de posibles responsabilidades.
La Guardia Civil reafirma su compromiso con la protección del medioambiente, la seguridad marítima y el cumplimiento de la normativa vigente, evitando vertidos u otros hechos que puedan poner en riesgo la salud de las aguas y la biodiversidad marina.
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