Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en la provincia de Las Palmas una operación contra personas y sociedades que, presuntamente, defraudaron a la Seguridad Social más de tres millones de euros. En la misma, se ha detenido a 10 personas e imputado a otras cuatro, aunque desde el cuerpo policial no han confirmado si alguna de las detenciones ha tenido lugar en Lanzarote.
Las investigaciones comenzaron a principios de 2021, tras recibirse un escrito-denuncia por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas en el que se daba cuenta de irregularidades en varias empresas ubicadas en esa provincia.
Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social.
En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que, en todos los casos, se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando una sucesión empresarial que ocultaba los beneficios y bienes de las sociedades investigadas. A pesar de carecer de bienes a su nombre, en sus cuentas bancarias ingresaban elevadas cantidades de dinero sin utilizarlo para reducir las deudas generadas.
Los agentes han podido determinar la participación delictiva de 14 personas físicas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, así como familiares de los primeros, siéndoles imputados los delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y Frustración de la Ejecución.
Una importante deuda de una cooperativa de música
Según ha informado la Policía Nacional, una Sociedad Cooperativa dedicada a espectáculos musicales infringía los principios generales de este tipo de sociedades al no tener cooperativistas y dar de alta a trabajadores en el Régimen General. Únicamente realizaban la facturación de sus actuaciones musicales de grupos externos a la cooperativa, cobrándole un importe superior a 60 euros mensuales a cada músico por este servicio. Cuando la sociedad se vio "asolada" por la deuda contraída con la Seguridad Social, traspasó tanto la actividad como los trabajadores a una empresa unipersonal a fin de dificultar los distintos embargos iniciados por el Organismo Público, distrayendo sus bienes y ocultando su situación real.
La Seguridad Social inició sendos expedientes de derivación de responsabilidad solidaria de la deuda de la sociedad cooperativa a los integrantes del Consejo Rector de la misma, estos presentaron un certificado que les desvinculaba de la dirección de la mercantil que se demostró no válido por el Registro de Cooperativas de Canarias, quien indicó entre otras cosas que no se había cumplido la obligación de presentación en tiempo y forma y además que el certificado no cumplía las exigencias requeridas a este tipo de entidades, ya que una única persona aglutinaba todos los cargos del citado Consejo Rector.
Empresas de construcción
Por otro lado, cuatro investigaciones relacionadas con empresas dedicadas al sector de la construcción, reformas y transporte de materiales aglutinaron una deuda superior a 1,5 millones de euros, valiéndose de sociedades y personas físicas interpuestas, a fin de engañar a la Seguridad Social y evitar las acciones tendentes al cobro de la deuda iniciada por ésta. Entre ellas se ha encontrado a un constructor, reincidente en esta tipología delictiva y a otro empresario que se valía de la constitución de sociedades sin actividad, ni trabajadores, por lo que se encontraban libre de cargas con la Administración Pública, permitiéndoles optar y ganar diversos concursos públicos.
Otra de las investigaciones descubrió la operativa utilizada por un empresario británico, que desviaba los beneficios obtenidos por las sociedades en España a cuentas ubicadas tanto en el Reino Unido como en países que operan una fiscalidad menos restrictiva.
Empresa de restauración apuesta el sueldo de los empleados
Por otro lado, aunque la operación se desarrolló en la provincia de Las Palmas se apunta que en una empresa dedicada al sector de la restauración que se encontraba en boga en la isla de La Palma, su responsable apostaba los salarios de los empleados en distintos juegos de azar, lo que repercutía a los trabajadores al deberles varias mensualidades creando una situación de precariedad.
Uno de los trabajadores manifestó que, en alguna ocasión, recibió su sueldo en boletos de juegos premiados y en las ganancias obtenidas por el administrador en las máquinas tragaperras.
