Ni el Ministerio del Interior, ni el de Inmigración, ni la Policía Nacional y ni siquiera la delegación del Gobierno central en Canarias han podido confirmar a La Voz si existe algún precedente de un inmigrante legal que haya sido expulsado de España. El Ministerio del Interior sólo cuenta con datos de repatriación de "ilegales", pero éste no es el caso de José Morales, el activista pro saharaui al que se le ha abierto un expediente expulsión, ya que cuenta con su tarjeta de residencia española. La defensa de José Morales tampoco ha podido encontrar ningún caso de un extranjero "legal" que haya sido expulsado.
Así, en 2010 se expulsó a un total de 8.196 extranjeros que estaban de forma "irregular" en España. Todos ellos fueron repatriados por ser "delincuentes extranjeros con numerosos antecedentes penales y/o judiciales, vinculados con terrorismo, bandas organizadas, violencia de género o cualquier otro hecho delictivo de especial gravedad que suponen una amenaza para la seguridad pública".
El acta de expulsión de Morales hace referencia al supuesto incumplimiento de la Ley Orgánica sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana, una infracción grave que contempla la "provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana". Además, podría ser considerada "muy grave" si se tiene en cuenta "el riesgo producido o el perjuicio causado o cuando suponga un atentado contra la salubridad pública, hubieran alterado el funcionamiento de los servicios públicos, los transportes colectivos o la regularidad de los abastecimientos, o se hubieran producido con violencia o amenazas colectivas".
Pese a que ninguna institución ha podido aclarar si existe algún inmigrante legal en España al que se le haya expulsado del país, tras haberle aplicado esta ley, el director insular de la Administración General del Estado, Orlando Suárez, asegura que "sí se producen expulsiones" de inmigrantes en Canarias, especialmente aquellos que llegan de forma irregular, normalmente en patera.
Este hecho tampoco tiene nada que ver con el caso de Morales. No obstante, según Suárez, al activista pro saharaui se le podría obligar a abandonar el país "si ha infringido la norma o la ley". Pese a ello, el director insular no ha sabido relatar ningún supuesto parecido que se haya aplicado en el Archipiélago.
