La Guardia Civil de San Bartolomé ha investigado a siete trabajadores del centro de menores inmigrantes no acompañados que se estableció a finales del año pasado en La Santa por la comisión de un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. Y es que, según la Benemérita, ayudaron a un total de 42 inmigrantes a fugarse del recinto para evitar su devolución a su país de origen tras comprobarse que no eran menores. Además, a uno de ellos se le atribuye también la presunta autoría de un delito de relevación de secretos.
Según la Benemérita, en los meses de mayor ocupación fueron unos 140 los inmigrantes internos en el centro y 47 los trabajadores del equipo multidisciplinar del centro. En la mayor parte de los casos, los inmigrantes irregulares fueron internados a la espera de la realización de las correspondientes pruebas óseas que determinasen pericialmente su edad, ya que en caso de decretarse la condición de menores de edad se iniciaban los trámites para regularizar su situación administrativa en España y su integración social tal y como establece la ley, pero en caso de ser mayores de edad son devueltos a sus países de origen.
La investigación comenzó tras recogerse por parte de los agentes diversas informaciones sobre irregularidades recogidas por los agentes en el marco de la labor de control y seguimiento que realiza la Benemérita sobre este tipo de centros. En las averiguaciones, se apunta que resultaron de "máxima relevancia" las declaraciones de parte de los mismos trabajadores y extrabajadores del centro de internamiento en cuestión.
Establecían contactos con las pateras para que se declararan menores
De esta manera, las pesquisas policiales pudieron concretar indicios sobre un entramado delictivo en el que, al parecer, siete trabajadores del centro facilitaron en varias ocasiones datos sobre el resultado de las pruebas óseas a los internos, ayudándolos posteriormente a fugarse del recinto para así evitar la devolución a sus respectivos países de origen como establece la ley para los inmigrantes mayores de edad, antes de que los fuesen a recoger agentes de extranjería de la Policía Nacional.
La Guardia Civil detectó también que, en ocasiones, algunos de estos trabajadores presuntamente dificultaron la labor de búsqueda de los fugados, un total de 42 entre los meses de octubre de 2018 y febrero de 2019, cuando finalmente fue ordenado su cierre del centro. En concreto, según la Benemérita, aportaban datos erróneos cuando presentaban la denuncia por fuga, tales como falsas ropas o características concretas de los evadidos, demorando los tiempos de comunicación de las fugas hasta 10 días. Además, según la Guardia Civil, permitían dormir en el centro a los evadidos sin comunicar su aparición a las fuerzas y cuerpos de seguridad, o escondiéndolos cuando llegaba la Policía Nacional a recogerlos tras conocer las pruebas óseas.
Presuntamente, los investiigados también establecían contactos con las pateras en origen, dándoles instrucciones para que se declararan menores de edad cuando llegasen a la isla
Finalmente, tras reunir los indicios suficientes sobre la autoría de los hechos y las circunstancias de los mismos, se procedió por parte de la Guardia Civil a la investigación formal de los siete trabajados, en presencia de letrado, por la comisión de supuestos delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal. Además, a uno de ellos se le atribuye también la presunta autoría de un delito de revelación de secretos, al ser responsable de velar por la confidencialidad de la información acerca de los resultados de las pruebas óseas de los internos que se le remitía al centro. Las actuaciones practicadas y los investigados han sido puestos a disposición del correspondiente Juzgado en funciones de guardia de Arrecife.
