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En el marco de una operación dirigida a controlar que el proceso de normalización de extranjeros se produzca de acuerdo a las normas establecidas, la Jefatura Superior de Policía de Canarias a través de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, continúa con las tareas de prevención y control de las diferentes personas y organizaciones que han pretendido lucrarse de forma irregular, en orden a la protección de los Derechos de los ciudadanos extranjeros ante la vulneración de los mismos.
En las pasadas semanas y dentro de este dispositivo especial, la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y las Falsificaciones (U.C.R.I.F.), de la citada Brigada ha procedido a la detención de un nuevo estafador de origen turco y nacionalizado francés, que se dedicaba a la tramitación de diversa documentación a extranjeros irregulares, creando falsas esperanzas a los mismos de obtener las documentaciones requeridas.
La citada Unidad ha establecido un dispositivo especial con la finalidad de controlar y perseguir a todos aquellos que han pretendido engañar a ciudadanos extranjeros y que pretenden sacar un provecho económico ilegal del proceso de normalización, bien por desconocimiento de la norma vigente o por el temor creado en muchos extranjeros por su situación irregular.
Fruto del mismo ha sido la detención del citado individuo, Ibrahim B. de 56 años, de origen turco pero nacionalizado francés, con antecedentes policiales, como presunto autor de los delitos de inmigración ilegal, estafa y falsedad documental, quien habría cobrado grandes cantidades de dinero a tres ciudadanos extranjeros, una ecuatoriana y dos paquistaníes.
El detenido recibió en un principio la cantidad de 4.500 euros por tramitar los permisos de residencia y trabajo de los tres perjudicados, aunque sólo llegó a presentar la solicitud a la ciudadana ecuatoriana como empleada de hogar en su propio domicilio y que nunca se llegó a materializar al ser inadmitida por carecer de fundamento.
Por otro lado, llegó a dar autorización de empadronamiento en su domicilio a los dos ciudadanos paquistaníes, que en ningún momento han estado en territorio nacional.
Es de señalar la ilegalidad del cobro de 4.500 euros por la supuesta tramitación de los documentos y las gestiones que son gratuitas y que, en cualquier caso, deben ser realizadas, si no por el propio extranjero, sí por personas con la titulación necesaria (abogados, graduados sociales, gestores) y que en ningún caso alcanzarían cantidad tan desmesurada.
El detenido, a pesar de la precaria situación económica en la que se encontraban los tres extranjeros, así como su necesidad y angustia y el desconocimiento de la legislación, siguió solicitándoles, siempre bajo amenazas y coacciones, que le fueran entregados otros tres mil euros o de lo contrario denunciaría a las víctimas por estar ilegales en el país.
Tras la instrucción de las pertinentes diligencias, pasó a disposición de la Autoridad Judicial.
Por parte de la Unidad contra las Redes y la Falsificación, se continúan los operativos especiales de prevención y control de personas y organizaciones que atentan contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tratándose, en este caso, de la tercera detención practicada en el desarrollo de este operativo.
