La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado el "desamparo" que sufren "los guardias civiles que son víctimas de agresores insolventes y no residentes en España" y, para evidenciar esta situación, han hecho pública la situación de un agente del puesto principal de Tías, que fue agredido "cuando evitaba la comisión de un delito en un domicilio particular".
Según relata la asociación, el pasado mes de julio el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife condenó al agresor por varios delitos, entre ellos por un delito de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad. En la sentencia, se le imponía el pago de una indemnización al guardia civil agredido de 455 euros, por las lesiones sufridas, así como 4.732,95 euros por las secuelas y el pago de las costas judiciales.
Sin embargo, según ha hecho público la AEGC, el condenado se ha declarado insolvente y "no solo no ha abonado ni un solo euro, sino que los gastos ocasionados en el proceso penal han recaído sobre la espalda del guardia civil agredido, que ahora sufre unas secuelas de por vida y no va a ser resarcido económicamente, ya que los servicios jurídicos de la Guardia Civil denegaron la solicitud de asistencia letrada que había cursado el agredido".
"A todas luces incongruente"
Desde la asociación lamentan que esto último es "a todas luces incongruente" ya que, por ejemplo, sí hay un procedimiento para resarcir a los agentes por daños materiales en bienes de su propiedad que se produzcan en acto de servicio. "Si un delincuente te rompe objetos personales, la Guardia Civil sí resarce económicamente, pero no por lesiones y agresiones", subrayan.
"Este dislate no es algo excepcional, sino que ocurre con frecuencia en toda la geografía española, tanto con personas insolventes como con personas no residentes en España, ya sean ilegales o turistas, quienes abandonan el país sin abonar las correspondientes indemnizaciones", critica la asociación.
Por eso, la AEGC "exige a la Dirección General de la Guardia Civil la creación de un Fondo o Seguro para cubrir las indemnizaciones" en estos casos, "de manera que el Estado se haga cargo de manera subsidiaria de esas indemnizaciones, como ocurre con los delitos relacionados con el tráfico y la seguridad vial, en que existe un Consorcio de Compensación de Seguros, o el Fondo de Garantía Salarial con el que el Estado responde antes los trabajadores, por ejemplo".
La asociación reconoce que éste "es un problema de la ciudadanía en general", pero considera que es "especialmente perjudicial para los funcionarios públicos", como médicos o maestros, "que ven como cada día aumentan las agresiones hacia ellos en el ejercicio de sus funciones". Y en su opinión, "aún es más sangrante en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que cada día deben enfrentarse a delincuentes y sufrir este problema en mayor medida".
Por ello, la AEGC insta a la Dirección General de la Guardia Civil a promover la creación de un Fondo o Seguro "que ataje esta grave problemática con urgencia". Además, anuncia que por parte de los servicios jurídicos de AEGC "se estudiarán las medidas a adoptar para solventar esta injusticia".
