Tiene 60 años y una incapacidad parcial y lleva cuatro meses viviendo en un coche, porque varios problemas de salud le han impedido seguir trabajando. Sin embargo, al sentir hace unos meses que se había agravado su estado y solicitar una revisión, se encontró con que el Gobierno de Canarias redujo el porcentaje de incapacidad que tenía reconocido hasta ese momento, dejándolo en un 35%. Y eso, impide entre otras cosas que pueda acceder a una pensión.
"Estoy luchando porque nos devuelvan lo que nos han quitado y se dejen ya de recortes. Que al menos no nos quiten lo que ya teníamos", reclama José Manuel Megolla, que este lunes ha estado recogiendo firmas en la calle Real, a las puertas del Cabildo viejo, y tiene previsto realizar una protesta frente a la sede de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias.
Fue en 2009 cuando se le reconoció por primera vez una incapacidad del 65%, por una "limitación funcional" en las dos manos y en una pierna, a causa de dos accidentes que había sufrido, y también por un problema psicológico. Cinco años después, que era cuando se había establecido que debía someterse a una revisión, el porcentaje se redujo al 55%.
"Tengo la columna destrozada"
"Me quitaron diez puntos por la parte psiquiátrica o psicológica y estuve de acuerdo, porque reconozco que me había quitado la medicación y estaba bien", recuerda José Manuel.
De hecho, había seguido trabajando en Madrid, a donde se trasladó por motivos laborales y donde se realizó en 2014 esa primera revisión obligatoria. Sin embargo, desde entonces las dolencias físicas no solo no mejoraron, sino que se agravaron con un problema de columna. "La tengo destrozada y no se puede operar porque es una lesión muy grande", explica.
Por eso, afirma que decidió solicitar una revisión, que se hizo ya en Lanzarote, a donde regresó el pasado año. "Las medidas de las manos y la rodilla son exactamente las mismas, pero en lugar de sumarme lo de la columna me han restado", lamenta, subrayando que esto conlleva una pérdida de derechos. Y es que a partir de un 65% podría haber accedido ya a una pensión, y con un 85% hubiera tenido una incapacidad permanente.
"Yo quiero trabajar, no soy una persona quieta"
"Me puedo morir de hambre, pero lo que es trabajar ahora no puedo", asegura José Manuel, que afirma que sí ha seguido activo todos estos años. "Yo quiero trabajar y me es fácil conseguir trabajo. No soy una persona quieta. En siete años y medio en Madrid, solo estuve sin trabajar 24 días", relata. Además, explica que al volver el pasado año a Lanzarote también empezó un nuevo trabajo, pero afirma que cuando estaba aún en el periodo de prueba sufrió una contractura muscular que le impidió seguir.
Desde entonces, cuenta que está recibiendo una pensión mínima de incapacidad temporal, de poco más de 400 euros, que ni siquiera le ha permitido seguir pagando el piso en el que vivía. "Como no puedo hacer frente a todos mis gastos, en octubre le devolví las llaves a la propietaria de la vivienda, porque no podía pagar el siguiente mes", recuerda. Fue entonces cuando empezó a vivir en el coche, durmiendo sobre un colchón que ha colocado en la parte trasera.
Además, al responder a una incapacidad temporal, también perderá esa pensión cuando le den el alta por la última lesión en el trabajo. "No puedo caminar mucho, camino 50 o cien metros y ya se me queda el pie dormido y tengo dolor en la columna. Con cualquier esfuerzo, incluso con toser o estornudar, tengo dolores por todos los lados", lamenta, asegurando que sufre dolores "las 24 horas del día".
"He perdido unos 12 kilos", añade José Manuel, que agradece la ayuda que está recibiendo de algunos amigos y vecinos, para cosas tan básicas como poder asearse. Ahora, además de estar de nuevo en tratamiento psicológico, está pendiente de la reclamación que ha presentado ante el Gobierno de Canarias tras la última revisión, y espera que se corrija la resolución y se le reconozca un mayor porcentaje de incapacidad. Mientras tanto, seguirá recogiendo firmas y levantando la voz, porque asegura que no son solo sus derechos los que están en juego, sino también las de otras personas que sufren incapacidades o discapacidad.
