José Vicente Paya tiene 53 años y lleva desde 2019 luchando para que se le reconozca la incapacidad laboral, ya que sostiene que no puede seguir desempeñando su trabajo como mozo de almacén. De hecho, su empresa le terminó despidiendo hace un año por “ineptitud sobrevenida”, en base a un informe médico. Sin embargo, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) le ha denegado hasta ahora la incapacidad permanente.
Todo empezó en abril de 2019, cuando sufrió un accidente laboral al regresar de su puesto de trabajo. El incidente le generó “dolor vertebral desde cervical hasta sacro”, según el parte médico, y pasó algo más de un mes de baja. Finalmente, tanto el INSS como la Mutua Balear decidieron darle el alta el 23 de mayo de ese año.
José Vicente se reincorporó entonces a su puesto pero decidió emprender acciones legales, ya que consideraba que no estaba en condiciones de realizar su trabajo, debido a que seguía sufriendo un fuerte dolor de cadera. Sin embargo, la sentencia rechazó sus pretensiones.
Por un lado, el fallo concluía que esos dolores de cadera los tenía “con anterioridad a la fecha del accidente”. Además, se remitía a los informes médicos para concluir que en ese momento no se trataba de un “dolor limitante”. Y es que el diagnóstico médico recomendaba esperar que llegara esa situación para realizar una intervención quirúrgica e implantar una prótesis de cadera.
“En ese juicio mintieron”, asegura el denunciante, que además critica la actuación del que por entonces era su abogado, que considera que “no hizo nada” para defender sus intereses.
Una incapacidad temporal tras casi un año trabajando
José Vicente Paya se reincorporó a su puesto de trabajo pero con mucha dificultad. “En mi trabajo tengo que hacer muchos esfuerzos, subía muchos peldaños y el dolor iba a más”, asegura.
Además, sostiene que para poder continuar yendo a trabajar tuvo que acudir en numerosas ocasiones al servicio de Urgencias del Hospital Molina Orosa. “Iba casi semanalmente a infiltrarme, porque no aguantaba el dolor”, añade.
Finalmente, en el verano de 2020 consiguió que el INSS le otorgara la incapacidad temporal con una validez de 365 días. Después, el 12 de agosto de 2021 se le concedió una prórroga de 180 días más, pero el INNS revocó esa resolución el día 28 del mismo mes.
José Vicente afirma que reclamó esa resolución “hasta en tres ocasiones”, porque no le daban respuesta, mientras se vio obligado a presentarse en su puesto de trabajo “en muletas y cojeando”.
“Cuando la jefa me vio en esas condiciones, me dijo que no podía trabajar así, y que sintiéndolo mucho me tenía que despedir”, explica el afectado, que asegura que entiende “perfectamente” la decisión de la empresa.
En la carta de despido, fechada en septiembre de 2021, se indica que el motivo es la “ineptitud sobrevenida” de este trabajador, basándose en un examen médico realizado por una empresa de prevención de riesgos laborales. Ese dictamen refleja que José Vicente no podía “realizar cargas mayores a 8 kilos”, que le era imposible “realizar movimientos repetitivos de flexión de tronco” y que no debería realizar “trabajos de altura”. Es decir, que no podía realizar sus labores de mozo de almacén.
A la espera de una solución definitiva
Desde que fue despedido, José Vicente asegura que ha estado presentando reclamaciones al INSS sobre la resolución que le obligó a volver al trabajo. Tras meses de espera, en junio decidió junto a su abogado solicitar la incapacidad permanente, y actualmente sigue esperando una respuesta.
De hecho, cuestiona que ni siquiera le han hecho aún la nueva evaluación médica, a lo que añade que sigue pendiente de la operación de cadera y de otras pruebas médicas en el hospital.
Justo al día siguiente de contactar con La Voz, José Vicente sí recibió por fin fecha para una cita en la Seguridad Social, el próximo 8 de agosto, para que entregue toda la documentación relativa a su petición de incapacidad permanente.
“Mientras tanto estoy cobrando poco más de 600 euros, y gracias al sueldo de mi mujer podemos apañarnos. Pero, ¿qué pasara cuando mi mujer acabe contrato? Nos quedamos en la calle”, advierte José Vicente, que espera recibir una solución cuanto antes para poder vivir dignamente.
“Todo esto me ha perjudicado en mi salud”, asegura, añadiendo que debido a su vulnerabilidad económica, ha solicitado ayudas para el comedor y los libros de sus hijos, pero también se las han denegado “por cobrar más de 600 euros”.
