Cobrando sus nóminas “a cuentagotas desde hace año y medio”, esperando dos pagas extra que siguen sin abonarles desde 2019 y, sobre todo, con una enorme “incertidumbre” sobre su futuro y el de la empresa. Así viven los trabajadores de JSP en Lanzarote la situación que atraviesa la firma canaria, en la que cada vez tienen menos confianza.
“Me da que al mes que viene no llegamos”, afirma con resignación uno de los empleados, que desconfía de los últimos anuncios y se prepara para el peor escenario: el del cierre y los despidos. Y es que explica que son ya muchos años sufriendo la agonía de la empresa, que no se recuperó de la crisis económica de hace una década y ahora afronta la generada por la Covid-19.
La visión que trasladan los empleados y los sindicatos choca con el mensaje optimista que lanzó la pasada semana JSP, anunciando que había cerrado un acuerdo con el grupo inversor Hiperion, que evitaría el concurso de acreedores para el que ya habían dado el preaviso. “Generó esperanza, porque decían que habían firmado un acuerdo para la venta, pero parece que las cuentas estaban maquilladas y que no es viable”, afirma este trabajador. Y es que las noticias, como las nóminas, también les llegan a cuentagotas.
“La relación con el comité de empresa es nula”, se queja el secretario general de Industria de CCOO en Canarias, Juan Miguel Hernández, que cuestiona que la empresa ni siquiera les informa de lo que está ocurriendo y tienen que ir siguiendo las noticias por los medios de comunicación.
En el caso de esa supuesta compra, subraya que al día siguiente otra noticia puso en duda esa operación, desvelando que la deuda de JSP no era realmente de 50 millones, sino de 64 millones de euros, lo que hacía peligrar la adquisición. “Es del todo inexplicable en una empresa supuestamente auditada y solo pone en evidencia la nefasta gestión y la poca transparencia de sus gestores”, denuncia CCOO, que apunta también a la “pugna” interna entre los administradores de la empresa, concretamente entre el consejero delegado y la familia Sánchez Peñate. Por eso, el representante sindical afirma que reciben “con cautela” la posibilidad de esa compra, que aún está pendiente de la firma definitiva y por tanto en el aire.
Más de 500 empleos directos en juego
“Esto es una incertidumbre total. Tanto JSP como la familia Sánchez no han parado de mentir en todo este tiempo a los trabajadores y trabajadoras y lo siguen haciendo”, critica Juan Miguel Hernández, que recuerda que hay 500 empleos directos que dependen de esta empresa canaria, además de muchos otros indirectos.
La mayoría están en Gran Canaria y en Tenerife, pero en Lanzarote también tiene unos 16 empleados que afirman que “siguen trabajando dentro de la normalidad”, aunque con menos actividad, sin hacer horas extra y pendientes siempre de cuándo recibirán sus salarios. “Los que pagan hipoteca a principios de mes y tienen familia y más gastos lo tienen complicado”, explica uno de ellos. Y es que aunque el sueldo sí lo terminan cobrando, llega fraccionado en dos o tres pagos y siempre con retraso.
“El cobro de las nóminas es un desastre”, afirman por su parte desde Comisiones Obreras, que explica que si no impulsan medidas más drásticas, como una huelga, es precisamente porque podrían dar la puntilla definitiva a la empresa. De hecho, Juan Miguel Hernández subraya que cuando han hecho movilizaciones lo han hecho en fines de semana, para que no afectara a la actividad. “Pero los trabajadores están cansados de tantas mentiras, que vienen de muchos años atrás”, insiste.
Desde la anterior crisis, la plantilla aceptó una rebaja en sus nóminas para evitar despidos, y lamenta que al final los despidos llegaron igual, y los salarios nunca se recuperaron, a pesar de las promesas. Y a eso se suman ahora las pagas extras que les adeudan desde hace dos años.
Además, defienden que la empresa sí es viable y “sigue produciendo dinero”, “porque si no ya se habría destruido el empleo”. El problema, afirman, está en “una muy mala gestión” y en que la empresa, dedicada a la elaboración y venta de productos lácteos, se metió en negocios urbanísticos. “Las inversiones que se hicieron fueron muy malas y han ido llevando a los trabajadores a esta situación”, critican desde CCOO, que cuestiona que el Gobierno de Canarias no esté interviniendo. “Es una empresa que ha recibido mucho dinero público y muchas subvenciones”, subraya.
En el caso de Lanzarote, según explican otros representantes sindicales, JSP también compró parcelas y cuenta con hoteles en Playa Blanca, aunque los tiene alquilados y no lleva directamente la explotación, por lo que esos empleados no dependen de la firma.
