Son ya muchos años que llevamos oyendo en España denuncias ciudadanas respecto a la presunta peligrosidad de las antenas de telefonía móvil. Incluso en Lanzarote ha habido varias denuncias por la proximidad de estas instalaciones a los colegios y zonas residenciales, como no hace tanto tiempo sucedió en Arrecife.
Pero nunca hasta ahora se habían relacionado casos de cáncer con la existencia de estas antenas en las inmediaciones de los núcleos de población. Hasta la semana pasada, cuando vecinos de Guatiza denunciaron la aparición simultánea de dos enfermos de esta gravísima enfermedad. Además, los vecinos de la población rural del municipio de Teguise también se quejaron de sufrir incesantes dolores de cabeza, repentinos cambios de humor y sensación de cansancio.
Preocupación de los residentes
A raíz de lo sucedido, el Ayuntamiento del municipio del norte de la Isla se sensibilizó con la preocupación de los residentes en la población, dirigiéndose ayer por la mañana el teniente alcalde del Consistorio, Domingo Cejas, a la consejera de Industria y Comercio del Cabildo de Lanzarote, Lourdes Bernal, para pedir a la Primera Institución que se esfuerce en legislar de forma unificada la ubicación e instalación de este tipo de antenas, ante la creciente preocupación de los habitantes no ya sólo de Teguise, sino de toda la Isla.
A pesar de que no existe una relación directa demostrada entre la aparición de problemas de salud y enfermedades cancerígenas con la existencia de antenas, el Ayuntamiento prefiere aplicar una estrategia de prevención y precaución ante lo que podría ser una grave amenaza para la salud pública.
Sin embargo, corresponde al Cabildo legislar en lo que se refiere a un tema tan sensible y controvertido, teniendo en cuenta, sobre todo, que la concesión de licencias para las antenas de telefonía móvil en terrenos rústicos es competencia de la Primera Institución, según han explicado en declaraciones a LA VOZ fuentes del Consistorio de Teguise. A los municipios, por su parte, toca conceder estas licencias en las zonas urbanas del territorio. Y en este caso concreto relativo a Guatiza, la ubicación de la antena está en suelo rústico, y así, la solución del problema corresponde en primera instancia al Cabildo.
Endurecer la legislación insular
En cualquier caso, desde el Ayuntamiento se quiso aclarar que todas las instalaciones de este tipo cumplen con las leyes establecidas por España y la Unión Europea, respetando con unos mínimos de distancia con respecto a los puntos más sensibles en los núcleos de población.
En la actualidad, la pretensión del municipio del norte es que se endurezca la legislación a nivel insular para salvaguardar ante todo la salud de los habitantes de la Isla, además de la necesidad obvia de determinar de forma exacta la peligrosidad que efectivamente suponen las antenas de telefonía.
La redacción de este diario se ha puesto en contacto con la consejera de Industria y Comercio de la Primera Institución, Lourdes Bernal, para sondear la postura del Gobierno insular en lo que se refiere a la polémica. La consejera socialista se comprometió a estudiar en profundidad el asunto, consultandolo con los técnicos de la Institución. Bernal contempló la posibilidad de reunir en un futuro inmediato a los concejales de todos los municipios de la Isla para debatir las implicaciones de las denuncias de los vecinos de Guatiza.
El doble filo de la polémica
El Consistorio de Teguise ya aprobó en abril de 2003 una ordenanza que regula la instalación y la ubicación de antenas de telefonía móvil. La legislación municipal es bastante restrictiva, mucho más que la nacional, pero la limitación de actuación del Consistorio sólo a suelo urbano vacía de contenido la normativa, haciendo muy difícil su aplicación a la vida real. Según la ordenanza "en general sólo se autorizarán emplazamientos para el establecimiento de antenas si están localizadas en edificios públicos o suelo público, con excepción de pequeñas antenas que podrán instalarse en fachadas de los edificios privados". Todas estas antenas deben situarse al menos a cien metros de los espacios considerados sensibles, como guarderías, colegios, parques y residencias.
Pero además del problema de competencias que hace que Teguise pida al Cabildo una regulación uniforme en lo que se refiere a la instalación de estas antenas, se trata de una polémica que como poco cuenta con dos lados de la realidad. El desmantelamiento de las antenas supondría como mínimo la pérdida de cobertura telefónica en gran parte de las zonas rurales de la Isla, lo que a la postre significaría un nivel aún mayor de descontento popular, ya que a día de hoy los móviles son una parte ineludible e irrenunciable de la sociedad.
En este sentido, el Ayuntamiento encuentra verdaderas dificultades para la aplicación de la ordenanza municipal, ya que de exigir su cumplimiento las compañías telefónicas tendrían que quitar muchísimas antenas, lo que dejaría gran parte del municipio din cobertura.
