El juicio de la Audiencia Provincial que estaba previsto para este lunes en Arrecife contra 5 acusados ha sido finalmente suspendido. Uno de estos acusados, que presuntamente habrían perpetrado 14 estafas en la isla entre abril y septiembre de 2011, ha renunciado a su defensa cuando iba a celebrarse la vista, de modo que ésta ha sido suspendida.
Ahora, al acusado se le da un plazo de tres días para que notifique quién le representará o, en caso de que no escoja a ningún letrado en ese plazo, se le asignará uno de oficio. Sin embargo, para el juicio habrá que fijar una nueva fecha en la agenda de la Audiencia Provincial, lo cual puede implicar semanas o incluso meses.
En esta causa se investiga un total de 14 estafas a distintas entidades bancarias en Lanzarote. Según señalaba el escrito de acusación de la Fiscalía, durante 6 meses los acusados se habrían dedicado a comprar vehículos principalmente y también otros objetos, para lo que pedían préstamos bancarios. Esos préstamos se pedían, según sostiene el Ministerio Público en su escrito, con documentación falsa y sin ninguna intención de devolverlo. Tras obtener los préstamos bancarios, el acusado principal supuestamente vendía los coches en efectivo, sin advertir a los nuevos propietarios de la existencia de la deuda, de la que se desentendía.
Hay acusados cinco hombres, dos de ellos trabajadores de dos concesionarios de la isla, que habrían gestionado la venta de vehículos y la solicitud de préstamos a sabiendas de que no iban a abonarse. El presunto cabecilla, de iniciales I.R.V., está acusado de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación con otro delito continuado de estafa cualificada. Además, pesan sobre él otros tres cargos por obstrucción (intimidó a dos de sus colaboradores para que no le delatasen) y otro contra la seguridad vial. En total, Fiscalía pide 10 años y 6 meses de prisión para él, además de una multa de casi 14.000 euros. Para el resto de acusados, el Ministerio Público pide penas de entre 2 años y 8 meses y 4 años y 3 meses de prisión y multas de entre 2.400 y casi 5.000 euros.
