El sindicato de prisiones ACAIP junto a UGT ha denunciado que se han incautado 157 teléfonos móviles en la cárcel de Tahíche en los últimos cuatro años y que esto supone "una amenaza latente para la seguridad penitenciaria".
En un comunicado de prensa ha indicado que los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados en prisión, generando un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno. Según los datos ofrecidos por el sindicato, entre 2020 y 2024 se han incautado un total de 157 terminales en el centro penitenciario de Arrecife.
En los centros dependientes de la Secretaría General de instituciones Penitenciarias el número asciende a 12882. Solo en 2024, se decomisaron 2.884 dispositivos, de los cuales 35 fueron requisados en la prisión lanzaroteña
Así, han indicado que los teléfonos móviles están prohibidos dentro de los centros penitenciarios porque permiten a los internos "eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas". Entre ellas, ejemplifica la violencia de género o la coordinación de redes criminales desde el interior de las cárceles.
Así, añade que "esta prohibición no solo responde a criterios de seguridad, sino también al cumplimiento del mandato constitucional de reeducación y reinserción social".
Desde ACAIP-UGT, han querido poner en valor el esfuerzo y compromiso de los empleados públicos penitenciarios que, a pesar de los medios limitados y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, "continúan trabajando intensamente para frenar este tipo de contrabando".
Siempre según esta fuente, muchos de estos dispositivos "son utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad". El acceso a estos teléfonos no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera "conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia".
Los nuevos desafíos: falta de personal y drones
Acaip ha denunciado que "los funcionarios deben hacer frente a esta realidad con medios claramente insuficientes". Así, los terminales, cada vez más pequeños y fabricados con componentes plásticos, "escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados". Esto obliga a realizar "requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros".
Además, han surgido nuevos métodos de introducción que suponen una grave amenaza para la seguridad: los drones. Su capacidad de "sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros".
Frente a este panorama, han señalado que "es urgente una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad. Los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones". Así pues, ha indicado que "es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas".
En este sentido, ha indicado que "la seguridad en prisión es un prerrequisito para la aplicación efectiva de los programas de reinserción". Así, ha indicado que "la introducción y uso de objetos prohibidos como los teléfonos móviles desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario".
Asimismo, ha indicado que "la lucha contra esta amenaza debe ser una prioridad para la Administración, dotando a los trabajadores de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar el orden y la seguridad en los centros".
Finalmente desde ACAIP-UGT han reclamado una "respuesta firme, moderna y eficaz" para hacer frente a esta amenaza constante. Mientras, han indicado que "la seguridad de nuestras prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios. Requiere compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica".