Seis familias que residen en el mismo edificio de Arrecife están a un paso de quedarse en la calle, en medio de un pleito entre la persona que les alquiló sus casas y el verdadero propietario.
Ya hay órdenes de desahucio, pero siguen sin tener una fecha concreta. Todos se enfrentan a la escasa oferta de alquiler que hay en la isla, así como a los elevados precios y a los exigentes requisitos laborales que piden los arrendadores.
Anailín, una de las afectadas, está embarazada de ocho meses y a punto de dar a luz. Pronto podría no tener un techo bajo el que vivir, al igual que el resto de vecinos, entre los que hay “gente mayor, niños, y una mujer embarazada”, afirma la joven a La Voz.
Su pareja y ella entraron en la vivienda situada en el barrio de San Francisco Javier hace cinco años con un contrato de alquiler, pero el arrendador no era el verdadero propietario del inmueble, por lo que afirman que ya ha sido denunciado por estafa por el dueño.
Ahora intentan retrasar el desahucio presentando una carta de vulnerabilidad, una medida implantada por el Gobierno para suspender los desahucios de familias vulnerables durante la pandemia, que de momento está prorrogada hasta el proximo mes de septiembre. “Ya hay sentencia firme en el juzgado, pero los de servicios sociales me decían que igual podían intervenir con el informe”, relata Anailín.
La joven afirma que cuando entraron al piso estaba en "muy malas condiciones, incluso con bichos", por lo que tuvieron que reformarlo por completo. “Tenemos la esperanza de quedarnos, porque todo lo que hay en esta casa lo hemos hecho nosotros”, recalca Roannis, pareja de la joven.
Un proceso judicial complicado
Para todos los inquilinos, la pesadilla comenzó en septiembre de 2020, cuando se presentaron en su casa la policía y un cerrajero para desahuciarlos. “Vinieron directamente a cerrar los apartamentos sin previo aviso, ni cartas, fue de sopetón”, explica la mujer.
En ese momento, consiguieron frenarlo, al acreditar que tenían un contrato y facturas que demostraban que nunca habían dejado de pagar el alquiler. “Como teníamos todos los justificantes y papeles del contrato y de los pagos, nos aplazaron el desahucio hasta que pusieran la fecha del juicio”, añade.
Sin embargo, solo consiguieron ganar tiempo. El pasado 26 de agosto, el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Arrecife determinó que esos contratos no tenían validez, ya que el subarrendador no tenía derecho a alquilar las viviendas a otras personas y, además, llevaba años sin pagarle las rentas al propietario, una cantidad que asciende hasta los 62.800 euros.
“Después del juicio, nos enviaron una carta diciéndonos que no teníamos derecho a seguir en la vivienda, pero no ponía fecha", apunta Anailín. Por ahora, la pareja y las otras cinco viviendas están esperando una nueva carta con la información que marque el día del desahucio definitivo.
“No queremos violar las leyes, entendemos que la sentencia es firme y no tenemos derecho a quedarnos legalmente, pero queremos una fecha límite que nos permita organizarnos”, apunta el hombre.
La díficil tarea de encontrar otro alquiler
Por otro lado, la búsqueda de otra vivienda de alquiler se ha convertido en un proceso complejo para la pareja, especialmente por los exhaustivos requisitos que piden a la hora de firmar un contrato, unas exigencias que Roannis define como “una atrocidad”.
“Hemos llamado a varias agencias inmobiliarias y nos piden tener contratos laborales indefinidos con una antigüedad de entre 1 y 5 años, algo que no tenemos”, dice Anailín. “Otros incluso nos han dicho que solo quieren funcionarios, no les vale el contrato de camarero de mi marido”.
Además, encontrar alquileres de particulares tampoco está siendo tarea fácil, ya que la oferta es bastante baja y, según la joven, muchos particulares “tienen miedo a que les ocupen las casas”, por lo que “ponen todo por agencia”.
También intentaron solicitar una vivienda pública, pero la joven apunta que los trabajadores sociales les dicen que “no tienen casas para nadie”, porque “hay mucha gente en esa situación”.
El propietario se niega a darles una solución
En cuanto al propietario del edificio, tanto Anailín como Roannis afirman que el día del primer intento de desahucio les mencionó la posibilidad de alquilarles directamente la vivienda. “Cuando el verdadero dueño estuvo la primera vez aquí nos dijo “a ver si lo arreglamos y hacemos contratos nuevos”, pero ahora dice que no quiere a nadie en sus pisos”, afirma el hombre.
Desde aquella fecha, la pareja no ha vuelto a hablar con el propietario, aunque un vecino sí tuvo la oportunidad de conversar con él recientemente.
“La última vez que estuvo aquí, un vecino le mencionó que mi mujer estaba embarazada y él dijo: Lo puedo decir más alto, pero no más claro, ese no es mi problema, lo que decida el juzgado”, asegura Roannis. “Nosotros no nos negamos a pagar, pero él no quiere llegar a un acuerdo y yo creo que hay ocasiones en las que hay que tocarse un poquito el corazón”.
En lo que respecta al subarrendador, ambos apuntan que sí mantenían contacto con él al principio de entrar al piso, ya que “iba mensualmente a cobrar el importe del alquiler en efectivo”, pero desde el intento de desahucio en 2020 “está completamente desaparecido”.
Sin abogado y sin asesoramiento
En medio de este complejo proceso, Roannis se queja de que no tuvieron ningún tipo de asesoramiento. “El día que llegamos al juzgado tratamos de poner un abogado (de oficio) y nos dijeron que no teníamos derecho a uno, no sé si fue porque la demanda es contra la inmobiliaria y nosotros somos terceros”, aclara.
“A mí en el juzgado me dijeron: “ustedes se han metido en una casa que saben que no es de ustedes””, recuerda la joven. “Nosotros no somos okupas, siempre cumplimos con los pagos, fueron ellos mismos quienes nos dijeron que no le pagáramos a nadie desde que empezó el proceso judicial porque íbamos a perder el dinero”.
Ahora, solo les queda esperar a que el juzgado marque la fecha definitiva del desahucio, una fecha que podría retrasarse, al menos hasta septiembre, en el caso de que aceptasen la carta de vulnerabilidad de Anailín.
“Lo único que pedimos son unos términos lógicos y razonables, un plazo de unos meses, porque tú no puedes dejar toda tu vida atrás en solo 15 o 20 días”, añade su pareja, que teme que el aviso acabe llegando de un día para otro.
