Un padre denuncia que su expareja no está llevando a su hija pequeña a las visitas del Punto de Encuentro Familiar a pesar de que una resolución judicial la obliga. En concreto, su defensa relata que este pasado martes tenía una cita a las 17.00 horas de la tarde para ver a la niña pero que la progenitora no la llevó. Sin embargo, la madre defiende que ese día acudió a urgencias con la menor por un dolor de cabeza.
Como ya contamos en La Voz, el pasado 7 de diciembre el Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife respondió a una demanda del progenitor, que pedía un régimen de visitas con la niña. Hasta entonces, una resolución judicial uruguaya, homologada por la Justicia española, daba la guarda y custodia a la madre y no establecía un régimen de visitas en favor del padre, solo que debía pasarle una manutención de alimentos del 20% de su sueldo.
A raíz de la demanda del progenitor, el Juzgado español otorgó a ambos la patria potestad sobre la menor, aunque su madre mantiene la guarda y custodia. Además, estableció un régimen de visitas en un Punto de Encuentro Familiar, que deben llevarse a cabo todos los martes y jueves de 17.00 a 18.00 horas y cifró en 150 euros mensuales la pensión de alimentos.
Por el momento el despacho de abogados Fuenmayor, que lleva la defensa del padre de la menor, ha demandado que se ejecute el auto de visitas, sin éxito hasta la fecha.
Sin embargo, el padre denuncia que el régimen de visitas no se está cumpliendo. Por su parte, la progenitora ha presentado una denuncia contra su expareja y el letrado del mismo, a quienes acusa de actuar contra el código deontológico de la abogacia y de coaccionarla el pasado noviembre tras presuntamente irrumpir en la sala de víctimas de violencia de género, donde se encontraba la menor y forzar un encuentro con ella, según recoge en la denuncia a la que ha accedido esta redacción.
La sentencia española reflejó que en que la resolución uruguaya no se contempló "medida alguna" sobre el régimen de visitas y comunicaciones con el padre. Además, relató que no "existe razón alguna por la que se haya limitado o excluido del ejercicio de tal deber" al progenitor.
Denuncia por un presunto delito de abusos sexuales
Ante las visitas otorgadas al padre, la defensa de la madre apostilló que no se ha tenido en cuenta la denuncia por un presunto delito de abusos sexuales sobre la menor que aún debe resolverse en Uruguay ni los antecedentes por violencia de género que le llevaron a tener una orden de alejamiento y una tobillera electrónica como medidas cautelares, antes de un proceso penal.
Mientras tanto, el padre asegura que él trató de presentar otras denuncias ante la Guardia Civil pero no las presentó porque se encontraba de forma irregular en España y si no debían darle una orden de expulsión.
La madre y su hija viven en Lanzarote desde hace dos años, cuando salieron de Uruguay. Según la versión de la madre, abandonó el país huyendo de los malos tratos que sufría.
Además, el Instituto Canario de Igualdad del Cabildo de Lanzarote resaltó en el informe realizado a la mujer la existencia de un parte de lesiones de noviembre de 2019 por un politraumatismo derivado de la violencia doméstica.
Su expareja y ella llegaron a un acuerdo por el que renunciaba al proceso penal que seguía contra él en Uruguay y él a cambio firmaba una autorización para dejar salir a la niña del país. Según la versión del progenitor y contrastada por la documentación del Instituto Canario de Igualdad, él se marchó un mes antes a vivir a Lanzarote, a casa de su suegra. Sin embargo, el hombre defiende que regresó a su país antes de que su expareja viajara a la isla porque prefería vivir en Uruguay, mientras que ella asegura que lo hizo porque su suegra lo echó de la vivienda.
Al regresar a Uruguay, según la versión de la mujer, trató de revocar el permiso de viaje de la menor en Inmigración que ya había firmado. Por ello, la madre decidió viajar de forma inmediata y antes de lo esperado hacia Lanzarote.
Ahora, el padre señala que ese documento le permitía salir y entrar al país durante un año, pero no residir en el extranjero, como ha podido comprobar La Voz. Sin embargo, no ha presentado una denuncia por sustracción de menores.
Denuncias por violencia de género, archivadas
Ya una vez la mujer y la niña estaban en la isla, el padre se trasladó a Canarias de nuevo. Ella asegura que abandonó el país para huir de una relación de malos tratos, mientras que él asegura que estaban juntos en el momento de los hechos. Desde entonces, la madre ha presentado varias denuncias ante la Guardia Civil que han sido tramitadas por el Juzgado de Violencia sobre la mujer, por los presuntos delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, al sentirse acosada en su trabajo por las visitas de su expareja, que han sido archivadas.
El órgano judicial no observó "situación objetiva de riesgo" en las visitas que el progenitor de la menor hace al supermercado donde ella trabaja, a pesar de que la mujer denuncia haberse sentido acosada e intimidada.
Por otra parte, aún está pendiente de resolverse por la Fiscalía uruguaya la denuncia presentada por la progenitora en España contra el padre de la niña sobre un presunto delito de abusos sexuales sobre la menor. En este caso, el Ministerio Público uruguayo reconoció el 20 de diciembre de 2023 que "no se han reunido elementos como para atribuir responsabilidad penal" al padre, pero sugiere que la niña no tenga contacto con él hasta que se determine el posible riesgo.
Por su parte, la defensa del progenitor asegura que estos procedimientos se han realizado a posteriori en la Fiscalía de Uruguay, aunque el letrado de la progenitora resalta que la denuncia por presunto abuso sexual se inició en marzo de 2023 en España y luego se continuó en el país donde presuntamente ocurrieron los hechos.
