La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, que dirige Domingo Berriel, llevará a cabo la revisión de los programas de vigilancia y control de las empresas autorizadas para realizar vertidos al mar en Canarias. El anuncio de la Viceconsejería de Medio Ambiente sobre la realización de un estudio para analizar el cumplimiento de las autorizaciones concedidas ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial ha hecho pública la Resolución del 21 de noviembre de 2005, que consiste en la convocatoria de un concurso público para la contratación de la asistencia técnica, durante los años 2006 y 2007, para llevar a cabo la revisión de los Programas de Vigilancia y Control de las autorizaciones de vertidos al mar, que han sido remitidas por los titulares de las mismas a la Viceconsejería de Medio Ambiente.
El departamento autonómico pretende con esta iniciativa dar cumplimiento a las directrices vigentes sobre vertidos al mar. El estudio técnico que se realizará fruto del concurso convocado aportará la información necesaria para comprobar el cumplimento de las autorizaciones otorgadas, y así llevar a cabo un mayor control de los vertidos que se realizan al mar en la Comunidad Autónoma.
El director general de Calidad Ambiental, José Alberto Díaz Estébanez, destaca que esta medida obedece a la preocupación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial por controlar, no sólo los vertidos que se arrojan en tierra, sino también en el mar que rodea a las Islas. Se trata, apunta el director general, de afianzar los mecanismos que se aplican de vigilancia y actuación para lograr una correcta preservación del entorno marino de Canarias.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial invertirá 70.000 euros en la ejecución del proyecto, cantidad que se divide en dos anualidades, 33.000 euros corresponderán a las cuentas de 2006 y 37.000, a las de 2007. El plazo máximo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2007.
El estudio que se llevará a cabo arrojará un diagnóstico certero de la situación actual, que permitirá al departamento autonómico desarrollar las medidas pertinentes para alcanzar una mejora medioambiental del entorno.
