Médicos del Mundo ha denunciado que en los procesos de repatriación se está expulsando a inmigrantes irregulares enfermos y reclamaron que los médicos puedan intervenir en el trámite de los expedientes y el proceso que decide sobre la expulsión de estas personas.
Así lo indicaron este lunes el vocal de Inclusión Social de MDM Canarias, Carlos Arroyo y la responsable de Movilización social, Oihana Merino, en una rueda de prensa para presentar el Informe del Observatorio Europeo de acceso a los sistemas sanitarios, que indica que en España sólo tienen acceso efectivo a la sanidad pública el 38 por ciento de los inmigrantes que no tiene su situación regularizada.
Ante esta situación, Médicos del Mundo realizó durante 2006 más de 3.000 consultas y atendió a más de 700 inmigrantes en situación irregular en Tenerife que no podían acceder a la sanidad pública por carecer de la tarjeta sanitaria, un trámite en el que se tarda un mínimo de tres meses, aunque se ha llegado al año y medio de espera. En lo que va de año han atendido a unas 500 personas en esta misma situación.
Arroyo precisó que Canarias es de las peores comunidades en la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, ya que se tarda entre tres meses y un año y medio en obtener la atención efectiva, mientras que en otras comunidades como Valencia o Andalucía ésta se da desde el primer momento en que el inmigrante acude al servicio.
Los representantes de Médicos del Mundo denunciaron que el estado de salud de los inmigrantes no se tiene en cuenta a la hora de los procesos de repatriación, de manera que hay personas gravemente enfermas que están siendo expulsadas "sin ningún tipo de miramiento" y las autoridades están "haciendo la vista de lado" en casos en los que les consta que estas personas no van a poder recibir tratamiento en sus países de origen.
Carlos Arroyo indicó que las 31.000 personas sobre las que recayó órdenes de expulsión en Canarias durante 2006, han tenido conocimiento de muchos casos de internos en los centros del Archipiélago a los que se les ha repatriado sin tener en cuenta su estado de salud, y han sido devueltos a sus países de origen pese a presentar Hepatitis A o B, SIDA o sífilis. Entre estos, citó más de 30 casos de internos con sífilis que no se trataron y fueron repatriados a Senegal.
Además, indicaron que se continúan haciendo las extracciones de sangre sin pedir la autorización de los internos, como ya denunciaron ocurría hace un años en el Centro provisional de internamiento de Las Raíces, por parte del Sindicato Unificado de Policía. Arroyo precisó que estas pruebas del VIH requieren una autorización de la persona, que no se les pidió y recordó que la situación fue denunciada en el Parlamento Europeo y "no se ha hecho caso".
Carlos Arroyo precisó que estas pruebas se continúan haciendo sin permiso de los internos e indicó que las está haciendo un laboratorio privado concertado o autorizado por la Delegación del Gobierno, que recordaron no se ha pronunciado sobre la finalidad de las pruebas.
Los representantes de Médicos del Mundo indicaron que sospechan que se están realizando para proteger a los agentes policiales que están custodiando a estas personas y lamentaron que estos datos no sean tenidos en cuenta a la hora de la expulsión y se hayan expulsado a personas con SIDA o Hepatitis B, que tienen que ser notificados a Salud Pública no obliga la legislación.
Arroyo también indicó que no es cierto que haya más prevalencia de SIDA entre los inmigrantes y desmintió que traigan enfermedades contagiosas que puedan afectar a la población canaria.
También rebatió las afirmaciones de que es la presión inmigratoria la que causa el colapso en los servicios sanitarios, dijo que el Servicio Canario de Salud ya tenía "un colapso histórico" antes del fenómeno de la inmigración y lamentó que se "estigmatice" a este colectivo y se "les eche la culpa" de la sobrecarga de los servicios sanitarios, y finalmente sean estas personas las que sufren las consecuencias de esta situación porque parece que ante la saturación "parece que el negrito es el más fácil de darle el alta", afirmó.
"Hay cosas por solucionar y no vemos que haya ningún empeño", mientras que las políticas que vienen preocupan, aseguró Arroyo, en referencia a la proposición de ley que actualmente se tramita en el Senado, a propuesta de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), que, entre otros puntos, propone la supresión del empadronamiento de aquellas personas que carezcan de documentación. Una situación que implica que no puedan acceder a un centro de salud, porque desde que una persona no se pueda empadronar se le niega el acceso a la sanidad pública.
También critican otras propuestas de esa medida legislativa como la supresión de residencia temporal por arraigo, el que la propia expulsión se plantee como un castigo más, el incremento del número de años necesarios para solicitar la nacionalidad del conyuge extranjero o más dificultades para otorgar la nacionalidad o aumentar de 40 a 60 días la estancia máxima en los centros de extranjeros.
Además, recordaro la reciente aprobación de una norma que crea juzgados de extranjería para atender situaciones ocurridas en aguas internacionales y que equipara el delito de tráfico de personas con el genocido, el terrorismo o la explotación sexual.
Arroyo reconoció que esta medida se destina a los patrones de los llamados barcos negreros, pero advirtió de que también se aplicará a los cayucos, en lo que aseguró no van ni patronos ni están orgnaizados por mafias.
ACN Press
