El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de policía (UFP) han emitido este lunes un comunicado conjunto relativo a la actuación policial en el caso de la activista saharaui Aminatu Haidar
en el que subrayan que el origen de la situación actual es "el incumplimiento por las autoridades marroquís del derecho internacional, al privar de su pasaporte a la ciudadana Aminatu Haidar e imponiendo su deportación forzosa del Sahara Occidental", que achacan a una "decisión política" de Marruecos.
"No nos consta ninguna presión ni intervención ajena a los criterios estrictamente profesionales
en el caso", afirma el comunicado pero tanto el SUP como la UPF reconocen que "si se hubiese producido", al ser en una materia de derecho internacional, el Gobierno de España que dirige a través del Ministerio del Interior las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "estaría legitimado para ello y la Policía obligada a cumplir dichas órdenes, sin que corresponda a los funcionarios policiales entrar a
valorar sobre si las mismas suponen un acierto o un error político, o un acto de firmeza o
servidumbre ante cualquier otro gobierno".
En la nota, ambos sindicatos recuerdan que Haidar tiene tarjeta de residencia en España, donde desarrolla gran parte de su actividad política y personal y que "al serle denegada la entrada en su propio país fue devuelta 24 horas después al país de origen, España, donde fue aceptada por los policías de Fronteras en aplicación de la legalidad vigente".
SUP y UFP reiteran que en este caso se aplicaron la ley de Extranjería, el Real Decreto que la desarrolla y el código de aplicación del Acuerdo Schengen, "sobre cuyas interpretaciones no existen protocolos
establecidos y existen disparidad de criterios incluso entre los policías que las aplican diariamente".
Así, denuncian que "hay quienes entienden que la tarjeta de residencia en España puede servir para sustituir al visado de un pasaporte, pero nunca al mismo pasaporte, y otros interpretan que el código Schengen establece que toda la normativa fronteriza de los países de aplicación del referido Acuerdo se
llevará a cabo atendiendo a las circunstancias específicas de cada caso concreto, lo que es de
directa aplicación al caso de Aminatu Haidar tanto por disponer de Tarjeta de Residencia como por
haber sido expulsada forzosamente de su país".
Los hechos
Ambos sindicatos han elaborado una secuencia de los acontecimientos según su propia información que comienza con la llegada de la activista a El Aaiún. Úna vez allí, "Marruecos rechaza, tras interrogar y retirar el pasaporte, a Aminatu Haidar, devolviéndola, 24 horas después, al avión que la había trasladado desde Gran Canaria". Entonces, continúa la nota "el piloto contacta con el aeropuerto de Gran Canaria, donde el policía de servicio traslada la situación al inspector jefe de Fronteras. El responsable policial interpreta que Haidar puede regresar a España pero realiza consulta a sus superiores en la Jefatura de Canarias. La Jefatura Superior, aceptando el criterio profesional del responsable del puesto fronterizo, certifica la legalidad de la entrada".
SUP y UFP aseguran que estas decisiones fueron ratificadas por la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras, "donde coinciden con la plena legalidad de la entrada en España de Aminatu Haidar". Así, una
vez se produce su llegada a Lanzarote, "al informar a los policías de las circunstancias de su regreso
es invitada a formular denuncia, a la que se da el trámite correspondiente siendo remitida a la
autoridad judicial".
Ambos sindicatos rechazan cualquier especulación sobre "qué hubiese pasado si el piloto decide no regresar a España con Aminatu, pues quizás el avión debería haberse quedado en pista con Haidar, ni sobre las consecuencias y situación provocada si el policía de Fronteras hubiese interpretado que la activista no podía regresar a España, dejándola en un limbo jurídico, en una 'tierra de nadie' que no es compatible con la legislación internacional".
También recuerdan que las actuaciones policiales tienen el refrendo judicial porqque tanto la actuación de los policías de Frontera y de la cadenade mando "se produjo cumpliendo la legalidad, como ha establecido un auto del juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas".
ACN Press
