El Parlamento aprobó ayer la ley que permitirá en España el matrimonio entre personas del mismo sexo y abrirá la puerta de la adopción a esas parejas, en una iniciativa rechazada por sectores conservadores y la Iglesia católica. La ley promovida por el gobernante Partido Socialista (PSOE) fue aprobada por 187 votos a favor y 147 en contra, que incluyeron a los diputados del conservador Partido Popular (PP) y a los de UDC, una formación nacionalista catalana de orientación democristiana. España se convirtió así en el cuarto país del mundo que regula los matrimonios entre homosexuales, después de Holanda, Bélgica y Canadá, que ratificó una ley similar hace dos días.
El colectivo Gama, que agrupa a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Canarias recibió con alegría una noticia que se veía venir. María José Hinojosa, asociada y psicóloga del colectivo, dijo a esta redacción que la decisión del Congreso corresponde a una manifestación más del clamor popular porque ya había una mayoría ciudadana que estaba a favor de la equiparación total de derechos. "Acabamos de pasar de ser ciudadanos de segunda a ser ciudadanos de primera", indicó Hinojosa, quien informó que Gama todavía no conoce el número de parejas que desean formalizar sus relaciones en la provincia de Las Palmas.
La psicóloga señaló que es indignante que en pleno siglo XXI todavía haya personas que considere enfermos a los homosexuales, incluso tirando por el suelo el trabajo de la Organización Mundial de la Salud ha hecho para eliminar la homosexualidad como enfermedad.
Antes de ser aprobada la normativa, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró que la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo es "un paso más en el camino de la libertad y la tolerancia" iniciado en España. En opinión del jefe del Ejecutivo, esta iniciativa servirá para construir "un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros", subrayó.
Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) destacó se trata de una Ley que acabará con las injustas situaciones de indefensión jurídica, económica y social que vienen sufriendo las parejas del mismo sexo.
Ayuntamientos y juzgados se preparan
Las bodas gays serán un hecho este mismo verano, dado que, una vez que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), serán los registros civiles, los juzgados y los ayuntamientos de cada localidad los que determinen las primeras fechas.
El primer paso será acudir con la documentación necesaria y dos testigos al Registro Civil de la localidad de residencia de la pareja para obtener el expediente matrimonial, donde los términos de "marido" y "mujer" se sustituirán por los de "cónyuge".
El Ayuntamiento de Barcelona ya ha anunciado que ampliará el número de días y de horas en los que se celebran las bodas civiles para atender la previsible demanda de parejas homosexuales. Tras la aprobación definitiva de la ley, asociaciones de defensa de la familia tradicional y la Iglesia católica reiteraron que la iniciativa es un atentado contra la institución del matrimonio y pidieron al PP que planteen una recurso de inconstitucionalidad.
Según la encuesta más reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 56,9 por ciento de los españoles aprueba los matrimonios homosexuales, porcentaje que desciende al 42,4 por ciento en lo que se refiere a la adopción por parte de parejas gay.
Molestia de la Iglesia
Desde la Iglesia, el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, aseguró que "en España asistimos a la voladura controlada del matrimonio desde dentro por las leyes de reforma del Código Civil".
En una carta pastoral, recordó que el matrimonio "es una relación entre un hombre y una mujer que merece reconocimiento y aprecio por parte de las sociedades, pues de ella depende la supervivencia del género humano, sin confundirla con otras formas de convivencia".
Con la nueva ley, se modificarán más de una decena de artículos específicos del Código Civil, todos los que se refieren a que el matrimonio debe ser entre personas de distinto sexo, para lograr la igualación total de los derechos de las parejas del mismo sexo.
El objetivo es igualar en derechos a las parejas heterosexuales y homosexuales que, a partir de la entrada en vigor de la ley, podrán adoptar hijos, ser partícipes de las herencias de sus cónyuges o divorciarse en los mismos términos que las uniones tradicionales.
Las parejas de gays y lesbianas también tendrán derecho a pensiones por viudedad y a los beneficios laborales y fiscales que hasta ahora sólo disfrutaban los matrimonios
convencionales.
