Juan Antonio Rivera S.L. ha propuesto a Sinforiano y Pilar que puedan hacer uso "vitalicio y gratuito" de la casa de la que está previsto que sean desahuciados el próximo 10 de marzo. Esto es lo que han asegurado este viernes los representantes de la empresa, que han comparecido ante la prensa asegurando que "bajo ningún concepto" quieren que se produzca el desalojo de esta pareja de ancianos. El abogado de la empresa ha recalcado que tienen intención de mantener ese acuerdo "independientemente del resultado del procedimiento" judicial paralelo que iniciaron Sinforiano y Pilar, al concerse el convenio firmado entre la empresa y la Iglesia para la venta de las viviendas. Ese pleito quedó este mismo jueves visto para sentencia.
En la rueda de prensa han estado presentes el abogado de la empresa, Essaú de León, y un representante de Juan Antonio Rivera S.L., José Mamerto Negrín. Este último ha insistido en que la empresa hizo "multitud de ofrecimientos" a Sinforiano y Pilar desde que compraron la vivienda hace 10 años y ha asegurado que la pareja se "negó sistemáticamente" a aceptarlos. Según ha dicho, lo que la pareja pretendía era "quedarse con la propiedad" de la vivienda. "Pretenden la propiedad del inmueble y eso no puede ser", ha agregado, asegurando que Sinforiano "dijo en los juicios que quería la propiedad para sí y sus herederos".
Por eso, sostiene que tras pasar "4 años negociando", se vieron "obligados" a ir a los tribunales. En este tiempo, Sinforiano y Pilar, que ahora tienen 91 y 88 años, han hecho frente a tres amenazas de desahucio. Ahora, según ha detallado el letrado, el acuerdo que han propuesto a esta pareja, y que según afirman está en la notaría "listo para firmar" desde el pasado miércoles, se enmarca en la figura jurídica del derecho de uso y habitación, porque el concepto de alquiler "no cabe" en este caso.
Así, afirma que los ancianos no deberán pagar nada en concepto de alquiler y que únicamente tendrán que hacer frente a las facturas de suministros, es decir, de agua y luz. Esto difiere ligeramente de lo que había explicado a La Voz el portavoz de la familia, Andrés Medina, que este jueves adelantó que la empresa les ofrecía el pago simbólico de un euro de alquiler mensual. El representante de la empresa se ha referido duramente a Medina durante la comparecencia, asegurando que "más bien pareciera un novelista de ficción que alguien que quiere coadyuvar" a los ancianos.
El abogado de Juan Antonio Rivera S.L. ha explicado que, como también indicó Medina, en la primera propuesta hubo un desacuerdo por el pago del IBI de la vivienda, ya que la empresa reclamaba que lo pagaran los ancianos. Según ha dicho Essaú de León, la empresa accedió" finalmente a pagar ese impuesto. Juan Antonio Rivera S.L. transmitió esta propuesta de acuerdo a los ancianos a través del alcalde de Arrecife, José Montelongo, el pasado miércoles. Sus representantes han subrayado que desde entonces está en la notaría, "listo para firmar"."Tenemos voluntad de solucionarlo, vamos a solucionarlo, queremos solucionarlo", ha insistido el letrado.
"Cuatro años negociando para no llegar a ninguna parte"
A lo largo de toda la comparecencia, el representante de Juan Antonio Rivera S.L. ha insistido en defender la actuación de la empresa durante estos diez años, incidiendo en que pasaron "años intentando llegar a un acuerdo" y, según afirma, los ancianos han venido negándose "en redondo". "Estuvimos 4 años negociando para no llegar a ninguna parte". Así, ha asegurado que se vieron "obligados" a emprender acciones judiciales para defender su "derecho".
"Nuestra buena fe está fuera de toda duda", ha aseverado José Mamerto Negrín. Según ha explicado, la Diócesis ofreció una vivienda de iguales condiciones a los ancianos tras la venta y también lo hizo la empresa, pero la pareja "se negó" a ambos ofrecimientos. Según la versión de la empresa, se les ofreció también "comprar" la vivienda, pero la pareja no quiso. Juan Antonio Rivera compró en total 6 casas pertenecientes a la Iglesia y, según asegura Negrín, "ninguno" de sus habitantes aceptó "ninguna opción" cuando la Diócesis les informó de la venta. Según ha apuntado, esos "ofrecimientos" se repitieron en otras ocasiones del procedimiento y la pareja los rechazó, aunque no ha precisado en qué consistían las distintas ofertas.
Sinforiano y Pilar han hecho frente a hasta tres fechas de desahucio en el marco de esas acciones judiciales emprendidas por la empresa. En la anterior ocasión, en mayo de 2014, el desahucio estuvo a punto de ejecutarse. Se paralizó en el último momento porque apareció el convenio entre la empresa y la Iglesia en el que se estipulaba que Juan Antonio Rivera debía permitir a los ancianos permanecer en la casa hasta su fallecimiento. Al serle recordado este hecho, Negrín ha insistido en que "días antes" de la fecha de desahucio se hizo a los ancianos el "enésimo ofrecimiento" y "se negaron" a aceptarlo.
Un contrato que se hizo público años después
La aparición del contrato que firmaron la Diócesis y Juan Antonio Rivera S.L. con esa cláusula que les obligaba a mantener a los inquilinos propició que esta pareja demandara tanto a la empresa como a la Iglesia. Ese contrato fue aportado, in extremis, por la propia Iglesia y no por la empresa y, de no haber aparecido, el desalojo se hubiera hecho efectivo. El representante de la empresa ha asegurado al respecto que Juan Antonio Rivera no lo aportó porque "siempre intentamos darle cumplimento" con esos "ofrecimientos". Negrín también ha sido preguntado por el sufrimiento que todo este proceso ha causado a los ancianos, pero se ha negado a responder, afirmando que no iba a "entrar en esa cuestión".
Por último, José Mamerto Negrín ha querido dejar claro en su comparecencia que Iveco "nada tiene que ver en este asunto". Juan Antonio Rivera S.L. es concesionaria de esta empresa en Lanzarote, pero su representante ha incidido en que es la empresa lanzaroteña la propietaria de las casas. En este sentido, ha replicado también al senador por Lanzarote, José Ramón Galindo, que se dirigió al presidente de Iveco España para pedirle que "intercediera" por los ancianos. "Señor Galindo, el problema está en Argana, no en Madrid", le ha dicho.
La empresa se había negado hasta ahora a ofrecer explicaciones a la prensa sobre el caso de los ancianos. Negrín ha aludido a "noticias sin contrastar" que se han publicado durante estos años, aunque ha reconocido que el motivo de ello era, precisamente, que Juan Antonio Rivera S.L. no había "querido" hasta ahora "confirmar ni desmentir" esa informaciones a la prensa.
