La persecución de los delitos no justifica la existencia de un Gran Hermano que todo lo ve, como describía George Orwell en su mítica novela. Ésa es la premisa de la que parten las jornadas "La prueba ilícita en el proceso penal", que se desarrollarán los próximos jueves 11 y viernes 12 en el Arrecife Gran Hotel. Así lo ha expuesto este viernes el director de este encuentro, Ignacio Stampa, que trabaja desde hace más de cuatro años en Lanzarote como fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y actualmente está asignado a la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo.
Junto a Stampa, este viernes han participado en la presentación de las jornadas el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Francisco Torres Stinga, y el director comercial de Juriscomer Canarias S.L., Armando Betancort, que es la empresa organizadora del evento. Y todos ellos han coincido en destacar la relevancia y el carácter inédito de estas jornadas, tanto en Lanzarote como en Canarias, e incluso en el conjunto del Estado.
"En algunas ocasiones, la libertad de la intimidad tiene que ceder ante el orden público", señalaban durante la rueda de prensa, aclarando que eso no puede significar la renuncia de los ciudadanos a sus derechos. Sólo si alguien está "cometiendo una fechoría" puede exponerse a ser "observado", e incluso a que entren en su casa "y miren hasta debajo de los cojines".
"En estas jornadas analizaremos la validez de las pruebas y aportaremos pistas que servirán a los abogados para su defensa en los procesos judiciales", explicaban en la presentación. Y es que no todo es válido para investigar un posible delito, y una prueba obtenida de forma indebida puede llegar a invalidar un juicio.
Preocupación por las formas
El interés sobre esta materia surge a raíz de la preocupación que suscitan las formas de resolución de determinadas causas penales, solventadas aún en contra de las normas establecidas tanto en el propio proceso penal como en la aplicación de las pruebas. Para ello se abordarán las diferentes cuestiones desde múltiples ponencias: las complicaciones jurídicas del correo electrónico y los mensajes de móviles, el tratamiento procesal de la prueba ilícita, las problemáticas de las intervenciones telefónicas o las formas de hacerla valer y las últimas tendencias jurisdiccionales.
En las jornadas se darán cita algunos de los juristas más relevantes del panorama nacional. "No estarán todos los que más saben de la materia, porque son muchos", pero sí algunos de los más destacados. Entre ellos, Manuel Marchena Gómez, magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Miguel Serrano Solis, fiscal antidroga de Tenerife, Guillermo García - Panasco, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Inocencia Eugenia Cabello, magistrada de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Antonio del Moral, fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, César Romero Pamparacuatro, magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de Arrecife y Eduardo de Urbano Castrillo, magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.
Según ha destacado el fiscal Ignacio Stampa, que contactó con los ponentes para organizar estas jornadas, todos tienen gran interés en acudir a esta cita, tanto por lo que puede aportar este análisis e intercambio de conocimientos, como por el hecho de reencontrarse con otros colegas conocidos y visitar Lanzarote en el marco de este encuentro. Además, también ha destacado que otros juristas que fueron invitados, como el juez Fernando Grande-Marlasca, habían mostrado su interés en acudir a las jornadas, pero finalmente no podrán hacerlo por motivos de agenda.
De momento, más de cien personas han confirmado su inscripción para estas jornadas, que profundizarán en temas que atañen a abogados, jueces y fiscales, pero también a toda la sociedad, ya que se pondrán sobre la mesa asuntos tan cotidianos como la legalidad de la existencia de cámaras de video en las calles o incluso los "cacheos" que en ocasiones realizan los encargados de los controles de vigilancia en el aeropuerto y que, según destacaba el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, no están avalados por ninguna ley, ya que sólo un agente de un cuerpo de seguridad puede realizar una intervención corporal.
