Familias de la Asociación de la Mesa Negociadora por las Viviendas de Rocar, Garavilla y Ojeda han reclamado al Gobierno de Canarias que intervenga ante la "discriminación" que sufren los estudiantes canarios desplazados en Madrid, a quienes ahora se les exige estar empadronados en la comunidad para obtener la tarjeta de transporte.
En un escrito dirigido a la Presidencia del Gobierno regional, dirigida por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), a la Consejería de Transportes y a la Consejería de Educación, estas familias han solicitado la intervención urgente del Ejecutivo canario ante la Comunidad de Madrid.
En el documento ha expresado su "absoluto desacuerdo y disconformidad" con la exigencia establecida por la Comunidad de Madrid de obligar a los estudiantes procedentes de otras comunidades autónomas a estar empadronados en Madrid para poder acceder a determinados títulos de transporte público e incluso solicitar un duplicado por pérdida.
Una situación que comenzó tras pedir el duplicado de la tarjeta
Esta situación afecta directamente a una estudiante, ciudadana canaria que se encuentra en Madrid cursando sus estudios y que, tras perder su tarjeta de transporte, acudió a solicitar un duplicado, encontrándose con la respuesta de que no podía obtenerlo si no estaba empadronada en la Comunidad de Madrid.
"Resulta difícil comprender que, en pleno siglo XXI, una Administración pública pueda colocar a una estudiante ante semejante disyuntiva: o modifica su empadronamiento y traslada administrativamente su residencia a Madrid, o se queda sin acceso a unas condiciones de transporte que necesita para desarrollar con normalidad sus estudios", han denunciado.
"¿Es este el apoyo que reciben nuestros jóvenes cuando tienen que abandonar Canarias para formarse académicamente?", se han cuestionado los familiares de una estudiante afectada. "No se ha trasladado a Madrid para renunciar a su condición de residente canaria, ni para abandonar sus vínculos familiares y administrativos con Canarias", han incidido. "Se encuentra allí por una razón perfectamente legítima y que debería ser motivo de orgullo para nuestras instituciones: estudiar y prepararse para su futuro", ha añadido.
En este sentido, ha defendido que "no parece admisible que una estudiante tenga que modificar su empadronamiento para resolver una necesidad de transporte derivada exclusivamente de su formación académica".
"Una especial gravedad" para la población canaria
En el caso de Canarias, como territorio ultraperiférico y alejado de la península, la situación se agrava. "Nuestra condición de territorio extrapeninsular hace que la residencia en Canarias tenga una importancia fundamental para el ejercicio de determinados derechos y beneficios", ha recordado la familia, que ha señalado el riesgo de perder la bonificación del transporte aéreo y marítimo entre las islas y el resto del territorio nacional.
"¿Qué clase de política de apoyo a la juventud estamos defendiendo si nuestros estudiantes tienen que elegir entre conservar sus derechos como residentes canarios o poder desplazarse diariamente a su centro de estudios?", se ha cuestionado.
Finalmente, han recordado al Ejecutivo canario su obligación de defender a su ciudadanía fuera de los límites geográficos del archipiélago: "Tiene la responsabilidad institucional de proteger los intereses de sus ciudadanos y de intervenir cuando una decisión adoptada por otra Administración puede perjudicarles".
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