En el punto más suroccidental de Lanzarote se erige un faro que se construyó hace 160 años. Se trata del Faro de Pechiguera, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) a comienzos de siglo y en estado ruinoso desde hace décadas. Junto a este monumento existe decenas de viviendas a medio construir y abandonadas que sirven de refugio a alrededor de 250 familias trabajadoras, una cifra de residentes que no ha parado de crecer en los últimos años por la crisis de vivienda que azota a Lanzarote.
Esta obra, localizada entre las calles Austria, Dinamarca y Grecia, fue abandonada por la inmobiliaria Inversur Lanzarote SL hace dos décadas. La construcción de estas viviendas fue paralizada en el año 2006 por su afección al faro del siglo XIX. Pese a que la promotora trató de eliminar las medidas de protección de este elemento, no lo logró, por lo que decidió abandonar la finca y dejó las viviendas a medio acabar.
Luego, fue el grupo Coral Homes SL, una sociedad inmobiliaria participada por el fondo Lone Star y la entidad CaixaBank y propietario de más de 35.000 inmuebles en todo el país, según su propia web, quien adquirió los terrenos y ha iniciado el procedimiento de desahucio contra los vecinos.
La falta de una alternativa habitacional ha hecho que cientos de familias hayan optado por hacinarse en estas construcciones inacabadas, muchas sin techos, puertas o ventanas. Los agujeros abiertos inicialmente para las piscinas han sido reutilizados por los ocupantes como aljibes para abastecer de agua sus casas utilizando cubas que contratan a una empresa, pero a la luz si se enganchan en la calle.
Una orden de desahucios para el 19 de noviembre
Entre los vecinos que se han asentado en las infraviviendas del Faro de Pechiguera está Elizabeth Estrada, que preside en la isla una asociación por el derecho a la vivienda de personas migrantes, y que es una de las dos viviendas con orden de desahucio para el próximo 19 de noviembre. En su caso, vive en una de las infraviviendas de la zona con otros seis familiares, entre ellos tres menores de edad de dos, ocho y nueve años.
Estrada se estableció en una de estas edificaciones en 2019 junto a su marido tras abandonar una vivienda en alquiler después de que su casera le informara de que iba a vender el piso. "Lo vendieron y nos tuvimos que ir, no conseguimos nada, la señora que compró el piso solamente nos dio seis meses para desocuparlo, así que nos tocó irnos al faro", recuerda.
Nació en Colombia y pese a que era técnica administrativa en su país, en España no ha podido convalidar aún sus estudios por lo que trabaja de camarera de piso en un hotel. Su marido también se dedica al sector de la hostelería en sur de Lanzarote.
Su hijo, su mujer y sus nietos se mudaron a esta infravivienda con ellos en 2024, después de que la DANA de Valencia arrasara el cuarto en el que vivía arrendado con su mujer en la Comunitat. "Lo digo así, él estaba con hambre, la familia con hambre y vino para acá donde nosotros", relata, "vivía en un piso cerquita del río que se llevó todo", añade.
Él dijo: "Estoy aguantando hambre, ella ya casi va a parir porque el embarazo estaba muy avanzado ya, entonces le dijimos 'véngase para acá, donde comen uno comen dos' y ahí está con nosotros". Ya establecidos en la isla, su hijo trabaja de oficial de albañilería y su nuera, de camarera. "Construimos un cuadro, le hicimos cocina, baño... y vivimos dentro de lo necesario cómodamente", asegura. No es el caso de otros vecinos, ya que Estrada narra que hay familias con hasta 12 personas viviendo en una misma infravivienda.
Denuncian amenazas
En su caso, la situación se ha vuelto cada vez más insostenible en las últimas semanas, cuando han denunciado que empresas de desocupación han taponado con piedras los accesos de entrada a la finca, impidiendo que pueda acceder el camión cisterna al que contratan el agua potable a domicilio.
Además, Estrada ha impuesto una denuncia judicial ante una empresa por las presuntas amenazas que ha recibido por liderar el movimiento vecinal contra la desocupación.
En su caso, con un trabajo estable en la isla, asegura que nunca pensó en pedir un certificado de vulnerabilidad. "Pensaba que era para gente que realmente no tenía con qué comer, entonces nunca lo solicité, pero ahora que nos van a desalojar vi la necesidad", narra. Pese a que fue a solicitarlo al consistorio, en el Ayuntamiento de Yaiza le dijeron que tenía una orden de desahucio, que aunque está a nombre de otra persona que no conoce, sí corresponde al número de su infravivienda.
Por el momento, Estrada no encuentra alternativas habitacionales que le permita localizar un hogar junto a su familia. Ha encontrado anuncios de viviendas, algunos por hasta 1.800 euros al mes. "Un sueldo para pagar el alquiler y otro para vivir", ha lamentado. Sin embargo, cuando ha contactado por los propietarios se ha topado con que le piden hasta cuatro meses de pago por adelantado.
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