El ex presidente de la Asociación de Vecinos de Argana Alta, Andrés Medina, se ha reunido este viernes con el vicario general del Obispado de Las Palmas, Hipólito Cabrera, que le ha asegurado que existe "un compromiso bajo notario" con la empresa Iveco para que realoje "en precario" a las familias de este barrio, cuyas viviendas fueron vendidas por la Iglesia. En este encuentro, Cabrera también ha afirmado que se puso en contacto con la empresa "y le exigió que cumpliera lo acordado".
Sin embargo, Medina no ha podido ver este documento donde supuestamente está plasmado el compromiso de realojar a estas familias, tal y como señaló el Obispado a través de un comunicado el pasado día 15. "No me convence, porque no veo que se lo exijan por escrito a la empresa. Cuando vea ese documento, me fiaré de verdad. La empresa hasta ahora no ha movido ficha", ha recordado Medina.
En este sentido, el ex presidente de esta asociación de vecinos ha insistido en que "hasta la fecha, ni la empresa, ni el abogado de la empresa se han puesto en contacto con las familias afectadas, ni con sus abogados".
"Si hay un compromiso bajo notario según las escrituras de 2006, tendría que salir el Obispado a explicarlo en los medios. Hipólito Cabrera dice que ya lo ha hecho y que ha hablado con la empresa, que es la responsable. Dice que hay un compromiso y que la empresa tiene que cumplirlo", ha señalado Medina. El vicario general del Obispado de Las Palmas le ha trasladado a Medina que cuando se formalizó la venta de este terreno en Argana Alta "se bajó el valor real, que era superior" para facilitar a la empresa el realojo de estas familias.
El pasado viernes día 11, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y vecinos de Arrecife consiguieron paralizar de forma provisional el desahucio de Luis Manuel Torres Guillén, de 56 años. De momento, este hombre no tiene nueva fecha de ejecución de su desahucio.
El próximo desalojo, el del matrimonio formado por Sinforiano Lemes, de 90 años, y Pilar Callero, de 87 años, está previsto para el 23 de mayo. En 2013, ya fueron desahuciadas de sus casas dos familias y las viviendas fueron derribadas.
