EFE
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) con el respaldo de PSOE, CiU, ERC, PNV, ICV, CC y EA, el voto en contra en solitario del Grupo Popular y la abstención de IU, BNG, ChA y NB. Ahora, seguirá su trámite en el Senado.
El texto legislativo, que pasa al Senado, salió adelante en el Congreso con 184 síes, 134 noes y siete abstenciones.
Los grupos minoritarios que apoyaron la ley indicaron que no les satisface completamente, pero reconocieron avances en la negociación parlamentaria y renuncias de todos con vistas al consenso.
El PSOE manifestó la disposición de seguir dialogando sobre posibles modificaciones del proyecto en el Senado.
La votación en el Congreso ha venido precedida de la defensa de enmiendas por parte de cada uno de los grupos. Se trataba de las mismas enmiendas ya defendidas y votadas (algunas rechazadas) en la Comisión de Educación del Congreso el pasado 28 de noviembre y que sirvieron para modificar la propuesta legislativa inicial del PSOE.
La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, agradeció "muy sinceramente" el trabajo hecho desde la mayoría de los grupos parlamentarios "con la responsabilidad que la sociedad reclama para la Educación". "Estamos votando una ley educativa que afecta de manera muy significativa al futuro de nuestro país", reconoció durante su intervención en el Pleno para cerrar el debate sobre la reforma.
Tras cumplirse el trámite parlamentario, las organizaciones anti-LOE -que lideraron la marcha del pasado 12 de noviembre- han anunciado que convocarán "manifestaciones o movilizaciones" y "harán todo lo que esté en su mano para informar a la población del desastre educativo que se avecina", como acudir a los tribunales. "Nos jugamos la libertad de enseñanza, la libre elección de centro, la desvertebración del país y el nivel de la educación", afirman.
Los ejes de la Ley
Según el dictamen de la Comisión sobre el proyecto, la Educación se concibe como un servicio público esencial de la comunidad, que puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social.
El 55% y el 65% del horario escolar, según sean Comunidades con lengua cooficial o no, se dedicarán a los contenidos básicos de enseñanzas mínimas.
Las administraciones regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice "el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro".
La religión católica será de oferta obligatoria en los centros y de carácter voluntario para los alumnos, y la enseñanza de las demás se ajustará a los acuerdos del Estado con las otras confesiones.
El 55% y el 65% de los horarios escolares se dedicarán a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, según sean autonomías con lengua cooficial o no.
Los alumnos podrán repetir una vez en Primaria y dos en Secundaria Obligatoria (ESO), y sólo en una ocasión por curso. En ESO, promocionarán con dos materias suspensas como máximo, y "excepcionalmente" con tres cuando el equipo docente lo considere oportuno.
Las administraciones educativas regularán las condiciones para que los centros organicen pruebas extraordinarias de recuperación. Entre las novedades, se incorpora una nueva área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Acompaña a la ley una memoria económica de unos 7.000 millones de euros compartidos en cinco años entre la Administración central (en torno al 60%) y las autonómicas (40%).
