Fernando Pellicer, en nombre del Comité de Huelga, ha remitido un comunicado en el que advierte de que "el comienzo del curso 08/09 se presenta caótico, con un recrudecimiento de las medidas de presión y movilizaciones de los docentes, por culpa de la reiterada negativa del Gobierno de Canarias a abrir la negociación para resolver la demanda del profesorado sobre su Homologación con el resto de los funcionarios públicos".
Pellicer asegura que esta nueva advertencia es fruto "del irresponsable mutismo con el que responde a todos los sectores de la Comunidad Educativa en su exigencia de resolución inmediata de este conflicto".
En dicho comunicado señala que el Comité de Huelga de la Enseñanza Pública no universitaria "quiere hacer constar que este Gobierno, lejos de buscar soluciones a un conflicto como el que mantiene en lucha al profesorado de Canarias, parece querer perpetuarlo".
El Comité de Huelga recuerda en el comunicado que el derecho que reclaman, desde hace más de 17 meses, viene establecido en base a ley. "Como ha reconocido, finalmente, la Consejera de Educación, la ley 4/91 (Ley de Homologación) está en vigor y, por tanto, tal y como establece la propia Constitución, debe ser cumplida y aplicada. No es necesario esperar a que ninguna sentencia así lo dictamine", se puede leer.
"El Estatuto de la Función Pública Docente, si finalmente es aprobado por el parlamento estatal, tendrá un objetivo distinto al que establece la Ley de Homologación y, por tanto, en nada interferirá con ella ?continúa- el Gobierno Canario está empeñado en confundir: El Estatuto no puede ser esgrimido como norma derogatoria de la ley 4/91 porque no tendrá siquiera el mismo rango ni pretende ese fin".
Crisis económica
"La actual coyuntura macroeconómica, con un poco de decoro y vergüenza, jamás debió ser utilizada por este gobierno que, apenas unos meses antes se apresuraba a subir, de manera escandalosa, los sueldos de sus altos cargos y que, recientemente, resolvía crear y financiar la Policía Autonómica Canaria, por no hablar de los 900 millones de euros que ha tenido que reintegrar a las arcas públicas por falta de planificación y competencia gestora", dicen los profesores en relación a la crisis económica.
"En cualquier caso, las crisis económicas, casi siempre derivadas de las propias políticas gubernamentales, son utilizadas alegremente como argumento, inaceptable, para exigir a los trabajadores una contención salarial inasumible", agregan, matizando que, en cuanto a su reivindicación, "a lo único que obliga a las partes es a replantear los plazos para hacer efectiva la actualización de los puntos de complemento específico que establece la ley".
ACN Press
