El Centro Canario (CCN) propone que el Gobierno de Canarias apruebe urgentemente medidas para erradicar las violencia escolar en los centros educativos del Archipiélago debido al preocupante aumento de esta lamentable práctica que están sufriendo alumnos y profesores.
Ante el alarmante incremento de situaciones de violencia escolar que se están dando en Canarias, el secretario de Acción Sectorial del Centro Canario, Benito Codina, y la presidenta de la Comisión de Educación de esta formación política, Isabel Cuenda, han mostrado la preocupación de los centristas y han formulado un listado de propuestas con el propósito de "reducir esta lacra, cada vez más arraigada en nuestra sociedad", según ellos mismos apuntaron.
En opinión de Codina, "estadísticamente, la violencia en los centros educativos es una realidad evidente que crea alarma social y que va creciendo día a día. Claro ejemplo de ello es que en los centros educativos el acoso a menores y a profesores por parte de menores es un hecho preocupante que está creando una espiral de violencia dentro y fuera de las aulas.
Ante la indefensión que siente el profesorado, se está produciendo un importante absentismo laboral, que está elevando considerablemente los gastos en educación, ya que una plaza de un profesor titular ha tenido que ser ocupada hasta por otros tres profesores".
Según el dirigente centrista, los desertores "de la tiza" (profesores que abandonan el aula) es cada vez mayor, produciéndose una constante fuga de buenos profesionales en busca de puestos de trabajo menos conflictivos.
Codina señala que "los centros escolares, ante la total indiferencia de la Administración educativa, están siendo contextos idóneos de la proliferación de grupos violentos, bandas que actúan dentro y fuera de la escuela creando el pánico en la sociedad".
Por estas razones, el Centro Canario ha propuesto que, entre otras medidas, se haga efectiva la posibilidad de que sean los padres lo que respondan jurídicamente y económicamente de los actos violentos de sus hijos, cuando se demuestre que éstos han vivido en situación de abandono familiar; que se forme a corto plazo y como medida urgente, un equipo de profesionales (profesores, psicólogos, asistentes sociales) que puedan intervenir en las situaciones de conflicto en los centros, buscando soluciones negociadas y el compromiso de los padres de asumir sus responsabilidades; incluir en el curriculum de los alumnos como materia evaluable, la formación en habilidades sociales; que se preste asistencia y asesoramiento letrado a los profesores en el desempeño de su trabajo, y que se devuelva el prestigio social a los profesores como técnicos de la educación sin los cuales ésta no sería posible.
