"Se extingue la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales que le había concedido el Gobierno de Canarias, por estar ocupando una plaza en el Centro de Estancia Diurna Las Cabreras". Éste es el argumento sobre el que se apoya la retirada de las ayudas económicas en función de la Ley de Dependencia que algunas familias de Lanzarote estaban recibiendo para cuidar de sus mayores. Después de meses recibiendo una partida de económica para atender a sus progenitores dependientes, ahora, el hecho de que estos acudan Las Cabreras dos días por semana es motivo suficiente para retirarles la ayuda.
"Nos pasaron 100 euros mensuales, que es justo lo que pago en la residencia Las Cabreras. Yo había pedido la ayuda en el 2007 y como se me concedió en el 2008, me pagaron los atrasos porque la ley tiene un carácter retroactivo, pero ahora, previa llamada telefónica, me han mandado una carta para decirme que no es compatible la ayuda que me han dado con ir a una residencia de día. Yo pensaba que ese dinero que me estaban dando era para el centro de día y resulta que me dicen que es incompatible, ¿cómo puede ser?. Me han dicho que, o recibo una ayuda económica si mi madre está en casa, o recibo la residencia", explica Nieves Barreto, cuya madre de 68 acude a Las Cabreras dos días por semana.
Las familias afectadas por esta reducción de la subvención no comparten el criterio de la ley, que es de ámbito estatal pero debe ser aplicada por los gobiernos de cada comunidad autónoma. Por eso, ha sido el Gobierno de Canarias el que ha enviado las cartas a los afectados. Sin embargo, éstos lo tienen claro: no consideran que el hecho de llevar a sus familiares dos días por semana a un centro de día, donde los dependientes realicen actividades, implique un servicio de cuidados a los mayores. Se quejan de que los cinco días restantes, las atenciones tienen que realizarse en casa por una persona asalariada para hacerlo o por un familiar que deja de percibir una nómina para atender al mayor.
"Mala información"
Desde el Gobierno de Canarias, la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, estima que el problema reside en "la mala información, que ha generado unas expectativas que no se corresponden con lo que dice la ley". "Se tiene derecho a un servicio y, si se accede a ello, no se puede optar a una prestación económica. La ley prioriza que se tenga un servicio, y sólo si a alguien le atienden en casa, en vez de en un centro, recibirá dinero. No es que no se dé la ayuda porque no, sino porque ya va a un centro de día y se prioriza este servicio: hay que recordar que sólo se puede acceder a una ayuda, no a dos", explica la consejera.
Pero las familias lanzaroteñas, con esta explicación en la mesa, siguen considerando que el llevar a un centro dos días por semana a sus mayores no es un servicio completo, aunque estos lugares estén gestionados por el Gobierno de Canarias y por los cabildos, y por tanto subvencionados.
Además, hay casos en Lanzarote de personas que han solicitado una cuantía económica por hacerse cargo de familiares dependientes y se les ha concedido la ayuda al margen de que llevasen años disfrutando de una plaza en un centro. En Adislan, centro para disminuidos psíquicos y físicos existen cuatro casos de personas que combinan ayudas.
Según asegura personal de la residencia, "quince familias cuyos miembros dependientes llevanban tiempo en el centro solicitaron recibir también una prestación económica y sólo se la han concedido a cuatro de ellas". A pesar de que, según la misma fuente, todos los solicitantes estaban en la misma situación, a once de ellos les han denegado la cuantía económica y les han notificado que sólo pueden beneficiarse de la plaza de la que disponen en Adislan. "En las cartas les explicaban que ahora les homologan la plaza, pero que no pueden recibir dinero", apunta personal del centro.
Dar una ayuda y retirarla
"Es algo vergonzoso que les den una ayuda y luego les digan que se la quitan. Sus madres no vienen a este centro todos los días, sino sólo algunos, porque no hay plazas suficientes. En Las Cabreras hay sitio para 45 mayores y ahora mismo estamos atendiendo a 75 personas por turnos", denuncia el director del Centro Las Cabreras, Manolo Ruiz, que está viviendo la Ley de Dependencia muy de cerca.
El centro está gestionado por A.F.A, Asociación de Familias con Alzeimer, y Ruiz asegura que este sistema de conceder la ayuda y decir después que es incompatible con la estancia en alguna dependencia especializada se está repitiendo en otras islas. "La administración se está riendo de los dependientes, y nosotros como representantes tenemos que defenderlos", sentencia Ruiz.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, achaca los inconvenientes de la ley a que "el dinero que marca esta normativa no es suficiente". La partida asciende a 18 millones, nueve que pone el Estado y nueve que da el Gobierno de Canarias, y Rojas garantiza que "sólo para atender a los dependientes que hay en los centros canarios, el presupuesto es de 87 millones de euros". Una prueba que evidencia que las partidas no son suficientes.
Rojas culpa al Gobierno Central de los pocos recursos establecidos para ayudar a los dependientes, y el consejero de Servicios Sociales del Cabildo de Lanzarote, Joaquín Caraballo, culpa al Gobierno de Canarias de la mala gestión que está haciendo en este campo. "Los lanzaroteños tenemos delegaciones del Gobierno de Canarias en esta materia, pero no tienen la partida necesaria y si pretenden aplicar esta ley, espero que tengan las partidas para hacerlo. Lo cierto es que en todas las comunidades se está aplicando y está funcionando, claro que una cosa es tener ganas de aplicar la ley y otra es hacer todo lo que se pueda para conseguir recursos extraordinarios. Al final quienes están siendo perjudicados son los usuarios", explica Caraballo.
Antes y después de la ley
La ley de Dependencia es una herramienta diseñada por el Ministerio de Bienestar Social para ayudar a las familias con miembros dependientes, personas que no pueden valerse por sí solas, a las que pretende aportar un mejor nivel de vida. La normativa vio la luz en el año 2007, pero la percepción de algún tipo de incentivo económico o de servicio aún permanece a la sombra en Lanzarote donde, en dos años, sólo 63 personas se han beneficiado de alguna prestación, según informan desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Y a estas 63 hay que restar aquellas a las que al final se les está retirando.
Hasta la elaboración de la ley de Dependencia en el año 2007, en Lanzarote las ayudas a las personas dependientes se administraban según el Plan de Atención a la Discapacidad cuya financiación se reparte en partes iguales entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote. Esto se corresponde con la normativa de la comunidad autónoma de gestión de centros, y, en función de ella, los centros sociosanitarios se financian entre el gobierno autónomo y el resto de infraestucturas por el Cabildo Insular.
NOTICIAS RELACIONADAS
[La excepción de la regla->28490]
["Yo no trabajo porque tengo que encargarme de mi madre"->28491]
[Todos los recursos bajo un mismo plan
->28489]
[Inés Rojas: "Desde Canarias pensamos que sí vale la pena apostar por esta ley"->28493]
