Algunas comunidades autónomas denunciaron en una reunión mantenida esta semana con el Ministerio de Inclusión que en las derivaciones de adultos migrantes de Canarias a la península había menores de edad evidentes, denuncia a la que se ha sumado también Amnistía Internacional. Por este motivo, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias exige al Estado que mejore las determinaciones de edad de las personas migrantes que están llegando a las Islas.
“La primera recepción de los migrantes que llegan al Archipiélago la hace el Gobierno central, que es quien pone a disposición de Canarias aquellos que considera menores de edad, que son quienes están bajo competencia de la Comunidad Autónoma”, explica Sandra Rodríguez, titular del área, quien solicita “más medios y precisión a la hora de hacer las determinaciones de mayoría de edad para proteger a los menores”.
Estos errores ya habían sido detectados previamente por el Gobierno canario, que se enfrenta a otro problema igualmente importante: personas migrantes mayores de edad que son declaradas como menores. Esta realidad ha hecho que la Dirección General, además de hacer un sobreesfuerzo para atender a más de 4.400 menores extranjeros no acompañados que están bajo su tutela, también haya llegado a un acuerdo con la Fiscalía para incrementar el número de fiscales, médicos forenses y número de pruebas óseas semanales que se realizan a los menores que están en centros de las islas. “Tras solo cinco días de la puesta en marcha de este protocolo la media de supuestos menores de edad que resultan ser mayores supera el 50%”, explica la directora general.
“Además de promover el aumento de recursos para realizar pruebas óseas y determinar con agilidad la edad de los migrantes que se declaran menores, pero sobre los que hay dudas, la Dirección General también ha creado dispositivos específicos de acogida para los menores más pequeños y otros para los más mayores o sobre los que no estamos seguros de su edad”, explica Rodríguez.
El nuevo protocolo se aprobó hace unos días en el marco de una reunión promovida por la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, y fue el resultado de una serie de encuentros previos de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias con la Fiscalía del Menor y la de Extranjería.
Este protocolo establece, entre otras medidas, la incorporación de más medios materiales y humanos a esta labor y contempla incrementar el número de pruebas óseas que se realizan semanalmente.
“Este trabajo conjunto es fundamental porque se sospecha que un porcentaje significativo de personas migrantes llegadas al Archipiélago se declaran como menores inicialmente, pero posteriormente se comprueba que tienen más de 18 años”, explica Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias.
“Se trata de una situación delicada que desde la Dirección General intentamos evitar porque debemos guiarnos siempre por preservar el interés del menor y no permitir que convivan en el mismo dispositivo adultos y menores”, señala la responsable del área, quien agradece el trabajo de la fiscal y su ayuda para atender esta emergencia humanitaria. “La Dirección General se ha sentido muy respaldada por la Fiscalía, que ha puesto toda su voluntad para atender esta realidad lo antes posible”.
Equipos portátiles
Además, la Fiscalía ha incorporado ya equipos portátiles en Tenerife que posibilitan llevar a cabo pruebas óseas en el momento en el que se realiza la reseña de los migrantes, es decir, cuando acaban de llegar. Este trabajo se desarrolla con la supervisión de un médico forense, que estará presente mientras los efectivos de la Policía Nacional atienden a los migrantes tras el desembarco.
