Cinco de los seis imputados que desde este jueves se sientan en el banquillo de los acusados en el primer juicio del caso Unión (Dimas Martín, Francisco Rodríguez Batllori, Luisa Blanco, Plácida Guerra y Rafael Elorrieta) han pedido la suspensión de la vista y la anulación de todas las actuaciones, al entender que se han "vulnerado derechos fundamentales y constitucionales" durante la instrucción.
Por su parte, el abogado del sexto acusado, José Miguel Rodríguez, se ha mantenido al margen de esa primera ronda de intervenciones, ya que su cliente ha confesado los hechos e incluso ha devuelto el dinero que presuntamente malversó en el Ayuntamiento de Arrecife, autorizando pagos por servicios supuestamente no prestados a Francisco Rodríguez Batllori.
Tras dos rondas de intervenciones de todas las partes, el presidente de la sala de la Audiencia Provincial ha decidido hacer un receso en la vista, que se reanudará a las 15,30 horas. En ese momento, decidirá si acepta suspender el juicio o si continúa adelante la vista oral.
"Ya sabemos que a las defensas les hace falta que les digan las cosas dos o tres veces, pero es que este asunto ya está resuelto", ha replicado por su parte el fiscal Javier Ródenas, que representa al Ministerio Público en esta causa. Así, ha hecho referencia a los recursos que presentaron en su momento las defensas, intentando aferrarse a supuestos defectos formales en la instrucción para impedir que llegara a juicio, y que fueron rechazados a través de distintos autos judiciales.
En su intervención, calificada como "brillante" por el abogado que representa al Ayuntamiento de Arrecife (que está personado como acusación particular), Ródenas ha afirmado que los abogados están recurriendo al "ardid del comodín de la indefensión", en lugar de atacar realmente las pruebas que hay contra ellos.
Planteamientos "de EGB procesal"
En esencia, las distintas defensas se han referido a autos y providencias que supuestamente no están firmados por el juez no ya en esta pieza, sino en todo el caso "Unión"; y a la supuesta vulneración de la cadena de custodia de las grabaciones. Además, han cuestionado los registros que se realizaron en la celda de Dimas Martín y en la casa de José Miguel Rodríguez, donde se encontraron varias cartas que dieron origen a la investigación sobre los pagos a Rodríguez Batllori.
Al respecto, varios abogados han planteado que esos registros se realizaron sin que hubiera delante un letrado, intentando plantear que por tanto las pruebas debían anularse. "La pregunta es, ¿hace falta que esté el letrado? La respuesta es no. Jamás hace falta. Eso es de EGB procesal", ha respondido por su parte el fiscal.
Respecto a las detenciones que se produjeron sin orden firmada del juez, Ródenas también ha subrayado que la detención policial "es perfectamente lícita y admisible". Y por tanto, "si la detención es lícita, ¿cómo se va a anular? A mí se me escapa", ha planteado el fiscal.
En cuanto a los autos de entrada y registro de la celda de Dimas y la casa de Rodríguez, Javier Ródenas ha insistido en que están "perfectamente motivados". "No han atacado ninguna motivación. Todo está perfectamente motivado. Tal es así, que no lo discuten", ha insistido.
"¿Qué quieren ver, el rólex de Isabel Déniz?"
Respecto a las continuas referencias de las defensas a otros autos, providencias y pruebas del caso Unión, el fiscal ha insistido en que lo que se está juzgando desde este jueves es "una pieza separada, que hace vida procesal independiente", y que se centra sólo en los pagos presuntamente fraudulentos que recibió Rodríguez Batllori de Inalsa y del Ayuntamiento de Arrecife. "¿De verdad importa si la providencia del careo de Celso Betancort está firmada? ¿O la detención de Juan Francisco Rosa? ¿Qué van a ver, el rólex de María Isabel Déniz", ha preguntado el fiscal, apuntando que las defensas han entrado en un "frenesí recusatorio", aferrándose a temas que nada tienen que ver con los hechos que se juzgan en esta causa.
Además, ha defendido la validez del procedimiento, de los autos y providencias que sustentan esta pieza y de la instrucción de la causa, llegando a hablar de "falta de honestidad procesal" por parte de las defensas. "Ya ha dicho el Tribunal Supremo que la falta de pericia en la dirección letrada no sirve para alegar indefensión", ha subrayado.
Frases como ésta han despertado la indignación en los abogados de los acusados y, en especial, en el letrado de Dimas Martín, conocido por representar también al ex socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres. "El fiscal tiene un dominio absoluto de todo, no como el que habla, que hay que repetirle dos o tres veces las cosas", le ha respondido después Manuel González Peeters a Ródenas. "De momento, no se me ha ido de las manos, de momento", ha respondido por su parte el presidente de la sala tras oír la queja de otro de los letrados sobre supuestas faltas de "respeto".
