Muchas de las cosas que se hacen en el Ayuntamiento de Yaiza siguen siendo un verdadero misterio más allá de los muros de la Corporación sureña. Y como viene siendo habitual, las licencias de construcción entregadas en la localidad de Playa Blanca continúan constituyendo el "talón de Aquiles" de la política de contención del crecimiento urbanístico de la isla. El alcalde José Francisco Reyes oculta, a día de hoy, todas las licencias de construcción que ha entregado en los seis meses que van de este año 2006, lo que supone un flagrante incumplimiento de la ley.
El tema es legalmente tan claro, que no se presta a interpretaciones ni cuestionamientos jurídicos. La ley sancionada en el año 1990 establece que los Ayuntamientos deben informar al Cabildo de cada licencia, incluidas las residenciales, que conceden en las localidades turísticas, en un plazo máximo de quince días desde la firma de las mismas. Dicha legislación fue promulgada después de que se aprobara, en 1987, la figura de los planes insulares, y su objetivo es garantizar el cumplimiento de ese instrumento insular por parte de las Corporaciones municipales. Así, una vez notificada cada licencia en ese plazo máximo de dos semanas, los técnicos del Cabildo deben estudiar su compatibilidad y adecuación con el planeamiento insular, para que si se detecta que no lo hace, lograr tomar las medidas necesarias antes de que se originen perjuicios mayores tanto al territorio como al propio Ayuntamiento que la otorgó, a los promotores y a los eventuales futuros propietarios. Pero como Yaiza no ha informado de absolutamente ninguna licencia entregada a lo largo de 2006, se hace imposible actuar en consecuencia.
Esto tiene el agravante de que cualquier nueva licencia que haya entregado el Consistorio para la localidad de Playa Blanca, sería ilegal, porque allí ya se ha superado, y con creces, el cupo permitido. La revisión del PIOT, que es el planeamiento insular en vigor desde el 2000, pone límites a las nuevas construcciones residenciales en los núcleos turísticos, con el objetivo de evitar que se "disfracen" muchas nuevas camas como residenciales a las que se les dé uso turístico. En el caso concreto de Playa Blanca, el PIOT establece que entre los años 2000 y 2010, sólo se pueden construir 2.593 nuevas camas. Sin embargo, según la notificación enviada en el pasado mes de febrero por el Ayuntamiento de Yaiza al Cabildo después de que la Justicia le obligara a hacerlo, el Consistorio que preside José Francisco Reyes se ha saltado de manera espectacular ese límite, ya que ha entregado, sólo en el periodo comprendido entre 2001 y 2005, cuatro veces más de lo permitido, en concreto, licencias por un total de 10.340 camas. Es decir que en menos de la mitad del periodo del que habla el PIOT, Yaiza ha entregado licencias por 7.747 camas más de las permitidas por el PIOT. También incumplirían esa normativa todas las que se hubieran entregado para la localidad de Playa Blanca este año, y las que se concedan de ahora en más.
Una de las excusas que suele esgrimir Reyes, de que el planeamiento para el Plan Parcial Montaña Roja está anulado por el Tribunal Supremo, no justifica este hecho, ya que a dicho plan parcial corresponden 3.000 camas, y por lo tanto, hay más de 4.700 nuevas camas que no son de ese plan, no respetan la legalidad y para las cuales el Ayuntamiento no tiene excusa alguna.
Pero esto no sería todo, ya que el Cabildo sospecha que entre las licencias residenciales notificadas por Yaiza al Cabildo correspondientes a ese período 2001 - 2005 después de que la Justicia le obligara a hacerlo, se habría omitido la comunicación de algunas licencias que también habrían sido otorgadas.
Esta situación, con esas al menos 7.747 camas nuevas concedidas por Reyes incumpliendo el PIOT más todas las que no ha notificado, ha hecho que el Consistorio sureño crease en Playa Blanca un panorama extremadamente complicado y delicado, puesto que para el Cabildo sería virtualmente imposible llevar a la Justicia tamaña cantidad de licencias, con la consiguiente cantidad de personas que se verían afectadas.
La larga lucha por intentar que Reyes cumpla con la legalidad
El Cabildo de Lanzarote viene librando, desde hace más de media década, una dura batalla para intentar que el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, cumpla con la legalidad vigente al menos en cuanto a la notificación de las licencias que entregó. La siguiente es una breve cronología de los puntos más destacados de esa lucha para que Yaiza respete la ley.
Año 2000: El Cabildo requiere por primera vez que el Ayuntamiento de Yaiza informe al Cabildo sobre el total de licencias urbanísticas que ha entregado.
Año 2001: El Cabildo acude al TSJC para que le exija a Yaiza que cumpla con ese requerimiento, al que no había hecho caso.
Años 2002, 2003 y 2005: El TSJC dicta sendas resoluciones cautelares para que el Ayuntamiento de Yaiza notifique al Cabildo las licencias que entregó entre 1998 y 2000, durante la tramitación de la Moratoria.
Enero de 2005: Una sentencia del TSJC obliga al Ayuntamiento de Yaiza a que notifique al Cabildo todas las licencias que concedió desde el año 1991. El Consistorio no las notifica y recurre la sentencia.
Febrero de 2006: El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Yaiza y ratifica la obligación de que ese Consistorio notifique al Cabildo sobre las licencias que otorgó. El Cabildo amenaza con acudir a la vía penal si no lo hace.
Abril de 2006: El Ayuntamiento de Yaiza agota todos los plazos y finalmente notifica al Cabildo de las licencias de construcción que otorgó entre los años 2001 y 2005.
Un año negro para el alcalde sureño
Los seis meses que van del año 2006 suponen la peor etapa judicial para José Francisco Reyes desde que accedió a la alcaldía de Yaiza, ya que ha recibido fuertes varapalos legales. Además de las sentencias del TSJC y del Tribunal Supremo exigiéndole que notifique al Cabildo sobre las licencias urbanísticas que ha otorgado, otras sentencias y decisiones legales han hecho tambalearse al alcalde sureño.
El 16 de marzo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 declaró nula una licencia otorgada por Reyes durante el periodo de aprobación de la moratoria (1998-2000) para la construcción de un complejo de apartamentos turísticos de 96 unidades en el Plan Parcial Las Coloradas.
En abril, se da a conocer el borrador del Plan Territorial Especial, que recoge -cumpliendo con su obligación y misión- que el Plan Parcial Playa Blanca está extinguido por inejecución, y por lo tanto, las 1.500 licencias otorgadas hasta 2005 por Yaiza, más la que haya entregado en 2006, no son legales. La aprobación del PTE supondría la paralización ipso facto del Plan Parcial Playa Blanca.
El 6 de junio, el TSJC declara ilegal la construcción del hotel de apartamentos Son Bou, en el Plan Parcial Costa Papagayo, desestimando un recurso de nulidad que había presentado el Ayuntamiento Yaiza. La sentencia es firme para el Consistorio, ya que sólo pueden recurrirla los promotores.
