El Ayuntamiento de Yaiza ha culminado el expediente por el que anulará el convenio que permitió ocupar más de 10.000 metros cuadrados de suelo público para implantar el Kikoland, una instalación privada anexa al Hotel Princesa Yaiza. El convenio se firmó con una sociedad de la que es administrador solidario Juan Francisco Rosa, dueño a su vez del Princesa Yaiza, y no implicaba el pago de ningún tipo de canon al Ayuntamiento. Y todo ello pese a que se cedió suelo de titularidad municipal, que debía ser una gran zona verde de uso público.
El Ayuntamiento empezó a investigar en 2011 la ocupación de ésta y otras zonas verdes de Playa Blanca, y casi 5 años después van a empezar a adoptarse medidas. Según han confirmado a La Voz desde el grupo de gobierno, la intención era llevar la anulación de este convenio al Pleno que debía celebrarse a finales de julio. Sin embargo, la secretaria de la Corporación tuvo que ausentarse por motivos personales, por lo que la sesión ha quedado aplazada para septiembre.
No obstante, el tema ya ha sido debatido en la Comisión Informativa que se celebra antes de cada Pleno. "Eso es una zona verde del Ayuntamiento y se ha estado revisando el convenio, porque no se sabía cómo estaba", ha señalado el concejal del PIL Daniel Mesa, que forma parte del grupo de gobierno. Y ahora, una vez analizado ese convenio, la intención es "solventar" esa situación.
"Surrealismo urbanístico"
"El sector de Costa Papagayo es un sector que pasa al surrealismo urbanístico", afirmó hace ya cuatro años el redactor del Plan General de Yaiza, Jorge Coderch, al referirse a la situación del suelo ocupado por el Kikoland. Ya entonces, Coderch se refirió a un convenio firmado hace más de una década. "Se les dieron esos espacios libres mediante una concesión a 50 años sin pagar ningún canon por ello", advirtió el urbanista, que calificó como "kafkiana" la situación.
En cuanto al tratamiento que recibe esa zona en el nuevo Plan General de Yaiza, lo cierto es que modifica el uso del suelo, pasando de zona verde a suelo destinado a equipamientos deportivos. "Dada la extrema singularidad del proceso de gestión que se ha producido en este ámbito, se mantienen los usos desarrollados en aquellas parcelas de zonas verdes del plan parcial, tales como deportivos y recreativos, pero considerando en todo caso a las parcelas afectadas como bienes de dominio público", señalaba el documento. Y es que además de no ostentar la titularidad del suelo, los promotores tampoco podían haber construido ahí esa instalación, porque estaba catalogada como zona verde.
"Extrema singularidad" conocida desde hace años
La "extrema singularidad" de la que habló el equipo redactor del Plan General para modificar el uso de esa parcela, ya había sido denunciada hace años, en el informe de Legalidad Urbanística elaborado por el Cabildo en la anterior legislatura. En él, además de analizar los distintos incumplimientos de la ley por parte de los hoteles ilegales, también se advertía de ocupaciones ilegales de suelo público.
Aunque entonces el Ayuntamiento no hizo nada por resolver la situación, en noviembre de 2011 el tema se puso sobre la mesa en un pleno de Yaiza, cuando CC denunció el caso concreto de un hotel de Montaña Roja, el Paradaise Island, que también ocupa suelo público. Ahí, la actual alcaldesa, Gladys Acuña, encargó un informe técnico, que vino a confirmar que en Playa Blanca se ocuparon ilegalmente un gran número parcelas públicas que debían ser zonas verdes, careciendo incluso de cualquier tipo de permiso.
En aquel momento, el interventor del Ayuntamiento advirtió que había "reales indicios delictivos contra la ordenación del territorio", por lo que entendía que debían dilucidarse con "los correspondientes expedientes urbanísticos sancionadores y de reposición de la legalidad urbanística alterada".
Cuatro meses después, a finales de mayo de 2012, el grupo de gobierno llevó el tema a pleno y acordó iniciar los trámites para recuperar esos espacios públicos. Ahora, los informes concluyen que debe recuperarse el suelo ocupado con el Kikoland y que el convenio debe ser anulado. Por un lado, porque no se incluía ningún tipo de pago al Ayuntamiento por la cesión de ese suelo durante 50 años. Por otro, tal como ya habían advertido los técnicos, porque no se puede otorgar una concesión sin convocar un concurso público para que pueda presentarse cualquier interesado.
