El Ayuntamiento de Yaiza ha salido este miércoles a desmentir la información difundida el día anterior por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, en la que afirmaba que la planta desaladora de Montaña Roja carece de licencia de actividad clasificada y que "la consecuencia jurídica obvia debiera ser la clausura del establecimiento y cese definitivo de la actividad". "Esta Institución se ve en la obligación de aclarar el comunicado emitido por el presidente del Cabildo de Lanzarote para evitar la confusión pública generada", señala el Consistorio sureño, que ha tenido que emitir una nota de prensa para aclarar esa "confusión".
Para ello, el Ayuntamiento ha lanzado un mensaje claro a San Ginés: "Conviene recordar que la actividad de desalación no se encuentra entre las reguladas en la legislación vigente de Actividades Clasificadas (Ley 7/2011 y sus reglamentos)". Es decir, que mientras el presidente veía un motivo clausura "obligada" en la carencia de ese título, el Consistorio plantea que ni siquiera es necesario para este tipo de actividad.
Respecto a los documentos a los que hacía referencia San Ginés, emitidos en el marco de la causa penal en la que él está imputado precisamente por la incautación ilegal de esa desaladora, el Consistorio también "matiza" la versión hecha pública por el presidente. Según San Ginés, el Ayuntamiento cometió "un error" el pasado mes de enero remitiendo al Juzgado un documento como si fuera la licencia de actividad de la planta, pero después, el pasado 17 de mayo, envió otro escrito indicando que "no consta la existencia de expediente de licencia de actividad clasificada ", según el presidente.
El expediente lo pidió "uno de los investigados en la causa"
Al respecto, el Consistorio precisa que fue "uno de los investigados en dicha causa" -en la que está imputado el propio San Ginés, junto al que era gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, el secretario del Cabildo, Pancho Perdomo, y el abogado Ignacio Calatayud-, quien se dirigió al Ayuntamiento solicitando, "entre otros asuntos, el expediente completo de la licencia de actividad clasificada, así como proyecto e informes técnicos emitidos".
Fue entonces cuando el Ayuntamiento presentó un nuevo escrito al Juzgado para realizar una "modificación–aclaración", según precisa. En ella, señalaba que el documento remitido en enero de 2017 al Juzgado era una resolución del año 1988 firmada por el entonces alcalde, "en la que se informa favorablemente" a la petición "por la que se solicitaba conformidad municipal para la venta, distribución y producción de agua que se genera en la planta potabilizadora ubicada en la Urbanización Montaña Roja".
En cuanto a la licencia de actividad clasificada, en el segundo escrito dirigido al Juzgado aclaraba que "no consta tramitación de expediente municipal", pero porque cuando se otorgó ese permiso, la normativa "no contemplaba la desalación de agua como actividad clasificada", lo que "explica que no exista expediente municipal" para esa autorización concreta. "Y ello también explica que por la Corporación municipal se entendiera necesario emitir el informe de modificación-aclaración remitido al Juzgado", señala la nota, que subraya que la desalación tampoco está en la actualidad en la ley de actividades clasificadas.
Nueva acusación tras archivarse su querella
El comunicado que envió este martes San Ginés volviendo a plantear la necesidad de cierre de la desaladora de Montaña Roja llegó al día siguiente de que se hiciera público el auto que archiva de manera firme la querella que él mismo presentó contra Club Lanzarote. En ese auto, la Audiencia Provincial señala que el presidente imputó delitos "gratuitamente" a esta empresa y también que pretendía convertir la causa "en una suerte de inquisición general", al pedir "una nueva batería" de diligencias que fueron rechazadas por el juez instructor y ahora por la Audiencia.
Éstas acusaciones se suman a otras que ha realizado el presidente contra Club Lanzarote, asegurando entre otras cosas que la empresa carecía de autorización para producir agua, cuando el propio expediente abierto por el Consejo Insular de Aguas terminó concluyendo lo contrario, y así lo ha vuelto a reiterar ahora el Ayuntamiento de Yaiza.
Fue nada más ordenar abrir ese expediente cuando San Ginés, sin tener aún ningún informe por escrito y sin autorización judicial, decidió incautar la desaladora de Montaña Roja como "medida cautelar" y entregársela para su explotación a Canal Gestión. Esa medida, que ya ha sido anulada y declarada ilegal por los tribunales, fue la que llevó a su imputación, después de que Club Lanzarote presentara una querella contra él. Justo después de ser citado a declarar, y diez meses después de la incautación, el presidente presentó a su vez esa denuncia contra la empresa, acusándole de hasta cinco delitos. Y nada más conocerse el archivo de la querella, este martes emitió ese comunicado acusando a Club Lanzarote de esta nueva supuesta infracción, que ahora ha sido desmentida por el Ayuntamiento.
