Vecinos Unidos ha denunciado este lunes que el Ayuntamiento de Arrecife podría enfrentarse a un nuevo "caso Ginory", al no haber designado a tiempo a un abogado para representar los intereses del Consistorio ante una demanda de expropiación que se dirime ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Según el partido, la institución ha tardado más de ocho meses en confirmar la contratación de una letrada, y lo ha hecho cuando el plazo para responder a esa demanda ya había "precluido", por lo que "ya no se puede proponer prueba ni aportar documental" y "las posibilidades de defensa son muy reducidas".
En un comunicado, la formación asegura que esto ha llevado a la abogada a renunciar a su nombramiento. "No me parece ético, ni profesional ni moralmente, realizar una personación a efectos de recibir simples notificaciones del tribunal, sin posibilidad de contestar a la demanda de la otra parte", señala la letrada en su escrito, según Vecinos Unidos, que agrega que la propia abogada advierte de que "se deberían depurar responsabilidades y establecer protocolos para que estos hechos no vuelvan a suceder en el futuro y no se comprometan los intereses generales que debe defender la institución".
Vecinos Unidos afirma que el Consistorio contactó por primera vez con esta abogada el 19 de junio de 2017, cuando solicitó sus servicios para "la defensa del Ayuntamiento en el procedimiento de expropiación interpuesto por Rosario Cabrera Tavío e Hijos SL ante TSJC, contra acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias". Tres días después, la letrada presentó el presupuesto, pero no recibió notificación y, siempre según este partido, llegó a considerar que "el procedimiento lo estaría llevando otro profesional, teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde la presentación de la oferta sin noticias".
Plazo "precluido desde el 30 de enero"
Sin embargo, el pasado 21 de febrero de 2018, la letrada recibió el decreto de su nombramiento como abogada para ese procedimiento. En ese momento, explican que "se puso en contacto con la Sala del TSJC", pero fue cuando le comunicaron que "el plazo para contestar a la demanda está precluido desde el 30 de enero de 2018".
El concejal de Vecinos Unidos en Arrecife, Andrés Medina, explica que en el Pleno celebrado el pasado miércoles ya preguntó por estos hechos a la alcaldesa, pero lamenta que "como ya es habitual en ella, el mutismo fue su respuesta".
Ahora, además de denunciar que el Ayuntamiento "ha vuelto a dejar vencer un plazo judicial en un procedimiento de expropiación", el partido exige que el Consistorio lleve a cabo "una defensa activa de sus intereses" en este tipo de pleitos, por un lado desplegando "con todos los recursos jurídicos y técnicos posibles la representación de la posición municipal en la Comisión de Valoraciones de Canarias" y, después, impugnando "todos los acuerdos de la citada Comisión", con una "personación rápida en todos los procedimientos judiciales que se le comuniquen". Y es que insiste en que "están en juego los intereses generales del municipio, y las arcas municipales, es decir, los recursos económicos para hacer frente a los servicios mínimos de toda la ciudadanía de la capital de la isla".
