Mientras que el Gobierno de Canarias y setenta y seis trabajadores contratados eventualmente por Iberia, estos últimos representados por dos letradas, solicitan la indefinición del vínculo laboral y la readmisión de los asalariados despedidos y aquellos a los que se les ha terminado sus contratos, el abogado de la compañía Iberia pide que la sentencia del Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife se limite a determinar si los contratos entre la aerolínea y dichos trabajadores fueron suscritos o no en fraude de ley. En caso de que así fuese, el abogado de Iberia concluye que la compañía sólo debe pagar los 3.000 euros de sanción que propone la Inspección de Trabajo y quedar eximida de cualquier otra obligación. Con más de cinco horas de retraso comenzó este jueves el juicio por la demanda que presentó el Gobierno de Canarias contra Iberia. El juicio quedó visto para sentencia.
Argumentos de parte y parte
El abogado de la Comunidad Autónoma nada más tener el uso de la palabra pidió la fijeza de los trabajadores implicados argumentando que los contratos de duración determinada, en concreto, eventuales por circunstancias de la producción, no precisan esas circunstancias y por tanto son en fraude de ley. Por su parte, la representación de los trabajadores, que se adhirió a las razones expuestas por el Gobierno canario, agregó que Iberia tiene la costumbre de contratar personal eventual por seis meses, para luego despedirlo y volver a contratarlo pasado un semestre. Una de las abogadas señaló que las de Iberia no son necesidades coyunturales, sino que recurre a la contratación eventual con el fin de rotar el mismo personal y así evitar su contratación indefinida.
Por su parte, el letrado de Iberia dijo que la compañía entiende que los contratos no son en fraude de ley. Sin embargo, remitiéndose al contenido de la demanda presentada por el Ejecutivo regional, subrayó que lo único que debía revelar el fallo, porque así lo pide expresamente el Gobierno en la querella, es si los contratos son o no en fraude de ley. Iberia se opone a la fijeza de los trabajadores y a la readmisión de los que ya no laboran en la compañía.
Pruebas
Las abogadas de los trabajadores presentaron, como pruebas documentales, contratos de trabajo y vidas laborales, mientras que fue llamado a testificar uno de los miembros del Comité de Empresa. Ante las preguntas del abogado del Gobierno y de la representación de los asalariados, el testigo explicó el proceso que adopta la compañía para contratar el personal. Sostuvo que después de cada convocatoria se hace una prueba de selección para que un tribunal de examen decida las personas a contratar, pero antes deben pasar por una bolsa de trabajo. "La contratación es por seis meses y luego despiden a la gente", afirmó. Además, realzó que la compañía mantiene durante todo el año el mismo número de trabajadores. El abogado de Iberia hábilmente quiso aprovechar el testigo para dejar sentado de que la aerolínea, hoy por hoy, tiene contratado a todo su personal de forma indefinida, no obstante, los abogados contrarios se encargaron de recordarle que Iberia se ha abstenido de contratar personal eventual sencillamente porque la situación de huelga del centro de trabajo de Lanzarote no se lo permite.
Conclusiones
Los abogados, unos y otros, fueron muy claros en sus conclusiones. El Gobierno señaló que a la luz de los informes de la Inspección de Trabajo Iberia vulnera el derecho de los trabajadores. Insistió en la falta de justificación de los contratos eventuales por circunstancias de la producción y pidió la contratación indefinida de los asalariados. La representación de los afectados, que compartió los argumentos del Gobierno, anotó que es tan evidente la falta de plantilla de Iberia que en las últimas semanas ha tenido que traer personal de Gran Canaria, Tenerife, Alicante e incluso de Alemania, para cumplir con la prestación de los servicios de asistencia en tierra. Pidió nuevamente la readmisión del personal con contratación fija.
El abogado de Iberia reiteró el sentido, que a su entender, debe tener el fallo, y dijo tajantemente que lo que está en cuestión no es la fijeza de los trabajadores, sino la legalidad del tipo de contratación. Si hay fraude, aseveró, la compañía deberá pagar 3.000 euros de multa y nada más. La sala, que quedó pequeña ante la presencia masiva de trabajadores, soltó una unánime carcajada cuando el letrado de Iberia comentó que la compañía no tiene la necesidad de contratar personal por la disminución de la actividad en Lanzarote. La magistrada pidió silencio y anunció que el juicio estaba visto para sentencia. Este juicio fue el último celebrado en la sede actual del Juzgado de lo Social, localizada cerca al Hospital Insular. A partir de enero las audiencias se celebrarán en el nuevo Palacio de Justicia.
