Juan Ramírez Montero podría ingresar en la cárcel por un supuesto delito de falsedad de documento público y prevaricación. Este lunes se celebraba el juicio en el que está imputado junto a Pedro Perdomo Reyes, propietario de la finca Villa Dolores, sobre la que existen dos contratos incompatibles, uno de arrendamiento, ampliado por una cláusula adicional, y otro de cesión, y junto a la secretaria del Ayuntamiento en aquellas fechas, Teresa Caba Jiménez. El Ministerio Fiscal y la acusación particular piden cuatro años de cárcel, además de entre cuatro y ocho años de inhabilitación, según el Tribunal determine, en caso de sentencia condenatoria, si existió un doble delito por falsedad o uno por prevaricación y otro por falsedad documental.
En 1995, el Pleno del Ayuntamiento acordaba firmar un contrato con Pedro Perdomo Reyes con el fin de arrendar por 150.000 pesetas mensuales la finca Villa Dolores durante cinco años para crear una escuela taller de rehabilitación del patrimonio de Haría. Al contrato inicial se le añadió una cláusula adicional "por la cual si el Ayuntamiento optaba por la prórroga del contrato por 20 años más, el arrendador percibiría la cantidad de 500.000 pesetas mensuales, cláusula adicional que no figuraba en el contrato cuando éste fue aprobado en el pleno del Ayuntamiento".
"No me cabe la menor duda de que la secretaria puso esa cláusula", aseguró Juan Ramírez durante el juicio al sostener que él sólo ha tenido conocimiento del contrato inicial. De la misma manera, Pedro Perdomo asegura que Teresa Caba Jiménez "redactó la cláusula a mano en un papel" en presencia suya y le dispuso a firmar el nuevo contrato ampliado además de un contrato de cesión de uso, que sería incompatible con el contrato ya establecido.
Al parecer, la subvención de fondos europeos, a la que la Corporación se quería acoger para sacar a delante la escuela taller exigía que el suelo fuera público o cedido por un particular de forma gratuita, lo que obligaba a establecer otro tipo de arrendamiento con Pedro Perdomo. "Éste se ofreció para adaptarse a los requisitos que pedía el INEM para optar a la subvención", argumentaba ante el letrado de la acusación el ex alcalde sobre la existencia de ese segundo contrato. Según Ramírez, el acuerdo plenario se estableció de tal manera que el contrato pudiera ser modificado con posterioridad para adaptarse a los requisitos exigidos por el fondo europeo.
Además, Juan Ramírez está acusado de falsear una calificación de suelo en beneficio de una sociedad de Pedro Perdomo. Existen dos certificados sobre una misma parcela que la cataloga como núcleo poblacional cuando se trata de un suelo rústico. Para Juan Ramírez estos términos "significan lo mismo", sin embargo a efectos jurídicos no permiten el mismo tipo de concesión de licencias, por lo que la Fiscalía ha dejado al Tribunal la decisión de juzgar los hechos como prevaricación o delito de falsedad de documentos, lo que reduciría el tiempo de inhabilitación.
La Fiscalía ha apoyado su acusación en las supuestas relaciones económicas que mantenían el propietario de la finca y el ex alcalde, pues la que entonces era mujer de Juan Ramírez tiene con Pedro Perdomo una sociedad de alquiler de bienes inmuebles, Corona del Norte S.L., que según la acusación se ha visto beneficiada por licencias concedidas desde el Ayuntamiento. Por otra parte, creen que la secretaria pudo incurrir en un delito de "falsedad imprudente", ya que entró a la Corporación cuando ya se había adoptado el acuerdo plenario y consideran que no veló para que ese acuerdo se cumpliera tal como se había establecido.
José Torres asiste como testigo
El actual alcalde del municipio, José Torres Stinga, que promovió la acusación de Juan Ramírez "al percatarse de que el Ayuntamiento tenía un contrato diferente al que le reclamaba Pedro Perdomo", ha sido citado como testigo y ha asegurado que en1999 se negó a seguir pagando el arrendamiento de la finca porque no "veía clara" la relación que había establecido con la Corporación. Según José Torres el expediente del contrato que constaba en el Ayuntamiento "estaba incompleto".
José Torres, quien ha asegurado ante la sala que mantiene una "relación política tormentosa" con Juan Ramírez, espera que "la actual Corporación no tenga que hacerse cargo de la devolución de la subvención que en su momento concedió la Unión Europea" y que a día de hoy no se está invirtiendo ya que el Ayuntamiento rescindió el contrato de Villa Dolores y por tanto el proyecto de la escuela taller ha quedado parado.
