La Asociación Mesa Negociadora por las Viviendas de Rocar, Garavilla y Ojeda denuncia públicamente el estancamiento del proceso para otorgarles las escrituras de las 70 viviendas del barrio de Valterra, en Arrecife. Se trata de una reivindicación de décadas por parte de familias marineras y trabajadoras que "han vivido, mantenido y pagado estas casas durante toda su vida".
A pesar de que en en junio de 2022 se aprobó la Ley 10/2022 con la que el Instituto Social de la Marina (ISM) traspasó los todos los inmuebles al Cabildo de Lanzarote para regularizar su titularidad a favor de los vecinos, a día de hoy continúan a la espera de que esto se materialice. "¿Cuánto tiempo más piensan hacer esperar a los vecinos de Valterra", se preguntan.
"No estamos hablando de una cuestión nueva ni de un expediente recién iniciado, estamos hablando de una reivindicación histórica, conocida por todas las Administraciones, que lleva décadas esperando una solución definitiva", manifiestan.
En este sentido, la asociación exige al Cabildo de Lanzarote que cumpla con lo que se acordó y finalice el proceso. "Han pasado tres años, los vecinos han presentado escritos, han solicitado respuestas y expedientes y, mientras tanto, la Administración continúa hablando de informes, estudios, procedimientos y cuestiones jurídicas pendientes", señalan.
"Mientras el Cabildo espera, los vecinos envejecen"
Según exponen, la actuación del Gobierno insular "adquiere una dimensión que va mucho más allá de cualquier expediente administrativo". "Los vecinos de Valterra no son números de expediente, sino que son personas y algunos que iniciaron esta reivindicación han muerto sin poder ver regularizada la propiedad de su vivienda", apuntan.
Así, recalcan que el actual Gobierno del Cabildo "ha tenido tiempo suficiente para conocer el problema", ya que "ha tenido acceso a la documentación, a las reivindicaciones de los vecinos y al procedimiento de transmisión". "Por eso resulta insuficiente seguir trasladando a los afectados la existencia de nuevas dificultades, nuevos informes o estudios porque gobernar no consiste en acumular expedientes, sino en resolver los problemas de los ciudadanos", continúan.
Además, hacen hincapié en que "la paciencia de los vecinos no es una obligación jurídica y no puede utilizarse como sustituto de una resolución porque los vecinos ya han esperado demasiado mientras cambiaban de gobiernos, se redactaban informes y se tramitaban expedientes".
Estado de conservación de las viviendas
Además de exigir al Cabildo que otorgue a los vecinos las escrituras de sus viviendas, la Asociación Mesa Negociadora por las Viviendas de Rocar, Garavilla y Ojeda también alerta sobre el estado de conservación de las casas porque "mientras los vecinos esperan una solución definitiva, las viviendas continúan necesitando atención".
"No es razonable que una Administración asuma la titularidad de unos inmuebles y, al mismo tiempo, permita que el deterioro avance mientras los legítimos interesados esperan una solución", declaran.
"Las prioridades de gasto público pueden y deben discutirse, pero cuando existen personas mayores esperando durante años la regularización de su vivienda y viviendas que requieren actuaciones de conservación, el Gobierno insular tiene que explicar cuáles son sus prioridades porque para quien lleva toda una vida esperando, su casa no es propaganda, ni una partida presupuestaria, ni una fotografía institucional", prosiguen.
Por todo ello, los vecinos de Valterra exigen al Cabildo de Lanzarote lo siguiente:
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Una explicación pública, completa y documentada sobre la situación actual de las 70 viviendas.
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La identificación de todos los obstáculos jurídicos o administrativos que, según el Cabildo, impiden culminar las transmisiones.
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La entrega de los expedientes y documentación que corresponda a los interesados, dentro de los límites legalmente establecidos.
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Una resolución expresa sobre las solicitudes formuladas por los vecinos.
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Un calendario concreto de cumplimiento.
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Una fecha cierta para iniciar el otorgamiento de los títulos de propiedad de quienes hayan acreditado sus derechos.
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Medidas efectivas para garantizar la conservación y seguridad de las viviendas.
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Y, si la Administración continúa sin resolver, la utilización de todas las vías legales de control y protección de los derechos de los afectados.
"Ha llegado el momento de que el grupo de gobierno insular comprenda que Valterra ya no necesita más discursos políticos, sino que necesita decisiones, resoluciones, documentos y escrituras", concluyen.
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