El partido municipalista Unidos por Yaiza (UPY), a través de su portavoz, Daniel Medina, ha respondido a las críticas lanzadas por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) sobre la “supuesta responsabilidad” del Ayuntamiento en la devolución de los fondos destinados a los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE). Medina recuerda que “ya en agosto emitimos una nota informativa explicando públicamente que los cambios significativos en la regulación laboral, en vigor desde el 1 de enero, impedían la contratación de profesores y personal administrativo durante los once meses de duración de los tres proyectos formativos presentados por Yaiza. Es una situación que afecta a todos los municipios canarios y que fue trasladada al Servicio Canario de Empleo”.
El portavoz añade que “lo curioso es que CC y PP son los mismos partidos que gobiernan Canarias, y es precisamente el Ejecutivo autonómico quien no ha dado una alternativa viable y certera, no solo a Yaiza, sino a todos los ayuntamientos que hemos tenido que devolver el dinero de los PFAE. Los cursos duran once meses y la legislación solo permite contratar profesores y administrativos por seis”.
Medina también reprocha a la oposición que sus comunicados “son un copia y pega de un tándem instalado en la desinformación y las medias verdades”.
El pasado año, Yaiza ejecutó tres PFAE —Ayuda a Domicilio, Jardinería y Dinamización Social—, todos con formación teórica y práctica durante once meses. Con la normativa vigente, las administraciones que gestionan estos programas se verían obligadas a realizar contratos indefinidos, fijos discontinuos o por circunstancias de la producción con un máximo de seis meses, modalidades que no son aplicables a cabildos ni ayuntamientos. Además, ya existen sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que sancionan a administraciones locales por abuso de contratación temporal en casos vinculados a los PFAE.
“Esto lo explicó el alcalde Óscar Noda en agosto pasado, tras la reunión de julio con el Servicio Canario de Empleo, donde advirtió que las administraciones no contaban con una figura contractual aplicable para ejecutar los proyectos”, concluye Medina.
