Por C. S. G.
La empresa Unelco Endesa ha presentado sus alegaciones en el marco del juicio en el cual los vecinos de Las Caletas solicitan el "cierre inmediato" de la central eléctrica de Punta Grande, por sus emisiones contaminantes, solicitud [ que como ya informara este medio, cuenta con el apoyo del Ministerio Fiscal ->6613]. En esta presentación, la compañía eléctrica no hace ninguna mención a su acción contaminante ni aporta ninguna documentación que certifique que sus emisiones de ruidos y gases están dentro de los límites permitidos. No obstante, pide la desestimación de la solicitud de cierre en cuestiones colaterales al problema en sí, ya que asegura que existe un proceso previo, en el mismo Juzgado, aún pendiente de resolución, y que la demandante, la Asociación Las Caletas para la Defensa del Medio Ambiente, no tiene potestad para arrogarse la representación de los vecinos cuyos derechos dicen estar conculcados por la acción de la central eléctrica, basando por tanto su defensa en tecnicismos legales.
La demanda judicial presentada hace un año por la asociación en nombre de los vecinos de Las Caletas solicita el cierre de la central eléctrica argumentando que su acción contaminante conculca derechos fundamentales de los vecinos de la zona, como el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Unos derechos que el Ministero Fiscal, en su informe, también considera conculcados.
Unelco, por su parte, en su escrito de defensa de fecha 25 de abril presentado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3, que es el que tramita la causa, no entra siquiera a valorar si su central de Punta Grande vulnera esos derechos, sino que se limita a cuestionar a la asociación que ha presentado la demanda. "No estamos en presencia de una asociación formada ad hoc por los residentes en Las Caletas para la reclamación de la vulneración denunciada, sino que estamos en presencia de una asociación ecolologista que, persiguiendo como finalidad puramente medioambiental el cierre de la única central de producción de energía eléctrica de toda la isla de Lanzarote, se erige en defensora de unos derechos sobre los que en modo alguno es titular para llegar a obtener la finalidad que pretende", afirma el escrito. Y agrega: "La solicitud de cierre de la central térmica de Punta Grande parece ser la principal meta o finalidad de esta asociación ecologista que, como todas las asociaciones de esta naturaleza y parece que por definición, son totalmente contrarias siempre a este tipo de instalaciones".
Impugnación
En cuanto a las emisiones contaminantes de la central a las que se hace mención en la demanda de los vecinos, Unelco sólo dice en su defensa ante la Justicia que "impugna" la documentación aportada al respecto porque "la central térmica cuestionada es una instalación tan compleja y sometida a tan rígidas autorizaciones administrativas, que el informe acompañado en modo alguno puede efectuar una valoración medianamente aproximada a la realidad de la misma". Hace referencia así a un informe realizado por un estudio técnico sobre la acción de la central eléctrica, presentado junto con la demanda, pero Unelco omite referirse en su defensa a otra documentación aportada, como lo son los estudios y mediciones realizados por el Cabildo y los Ayuntamientos de Teguise y Arrecife en los que se deja constancia de que las emisiones de las instalaciones de Punta Grande superan los límites permitidos.
Por último, el escrito de la compañía eléctrica sostiene que todo el conflicto se basa en realidad en que la central eléctrica está en un municipio, Arrecife, con una calificación territorial, y los vecinos, en otro colindante, Teguise, con otra calificación. "El problema que subyace en el fondo de estos hechos es el hecho de la existencia de dos municipios colindantes: el de Arrecife, donde está ubicada la central de Punta Grande y cuyo suelo la habilita para estar allí, al estar catalogado como suelo para uso industrial, y el de Teguise, donde se ubican los vecinos de Las Caletas y cuyo suelo es residencial. Estamos en presencia pues de dos usos de suelo (residencial e industrial) que pertenecen a diferentes términos municipales y que colindan, lo que genera inevitables conflictos de intereses, dado lo antagónico de los usos reseñados", alega Unelco
