La existencia de desaladoras ilegales en Lanzarote no es precisamente un secreto para las administraciones públicas, aunque durante años no se ha actuado y han seguido funcionado. Ahora, el nuevo Plan Hidrológico de Lanzarote, que salió a exposición pública el pasado mes de julio, pone una cifra a esta realidad, afirmando que hay "unas 60" desaladoras funcionando en la isla fuera de la ley y del control de la administración.
En el documento, se afirma que "el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote está realizando inspecciones encaminadas a detectar la existencia de plantas desaladoras ilegales" y que incluso "se podría proceder a la clausura de las mismas en el caso de que se confirme un alto riesgo sanitario".
Sin embargo, esto mismo se apuntaba ya en el avance de este documento, presentado en el año 2011, sin que hasta el momento haya trascendido ninguna intervención al respecto. De hecho, en ese avance del futuro Plan Hidrológico Insular, se hablaba de 45 desaladoras ilegales detectadas, y ahora elevan a esta cifra a "unas 60".
Según se expone en el nuevo documento que acaba de salir a exposición pública, se ha llegado a ese dato con "diversas recopilaciones realizadas", a través del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Fundación Centro Canario del Agua y varios empresarios privados del sector.
Otras doce sí están regularizadas
Casi todas las desaladoras ilegales se encuentran en las zonas turísticas, principalmente en Playa Blanca y vinculadas a establecimientos alojativos. Además, hay otras que sí estaban regularizadas y contempladas en el anterior Plan Hidrológico, que actualmente continúa en vigor. En total, ese documento recoge 12 plantas privadas, todas ellas en Costa Teguise.
También cuenta con autorización para desalar agua el Plan Parcial Montaña Roja, ya que el suministro no llegaba hasta esa zona y se permitió instalar una desaladora privada al comenzar a habitarse la zona.
Sin embargo, otras 60 desaladoras privadas siguen funcionando al margen de la ley y, por tanto, sin que conste si el agua es sometida a "los correspondientes controles de la calidad del agua, tal como establece el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano".
Para estos casos, el Plan Hidrológico Insular señala que "se deberá establecer un protocolo que permita la adaptación a la normativa vigente en el menor espacio de tiempo posible". Lo mismo que señalaba en ya 2011, en el avance de este documento que sigue pendiente de aprobación.
