Hace dos meses fue citada a declarar en el caso Unión pero, tras comparecer en los Juzgados, la técnico de Arrecife Rut Hernández ha sido "desimputada" y podría pasar a ser "testigo de cargo" en la causa. Y es que además de no haber quedado acreditada su participación en la "trama delictiva", con su declaración confirmó el pago por servicios no prestados en el Ayuntamiento de Arrecife e implicó así a otros imputados.
En el mismo auto en el que "desimputa" a tres funcionarios de Arrecife, que firmaban como técnicos sin tener ni los conocimientos ni el cargo para ello, la juez Silvia Muñoz acuerda también el sobreseimiento de la imputación de Hernández. Y a su caso, la juez le dedica un capítulo aparte, porque sí tiene categoría de técnico. Sin embargo, sólo aparece su firma en uno de los expedientes investigados. Y no en la factura, sino en el inicio de la contratación del servicio, por lo que su rúbrica no avaló ese pago presuntamente fraudulento que se investiga.
Concretamente, el expediente en el que participó Rut Hernández está relacionado con la iluminación de un árbol de Navidad en el parque Ramírez Cerdá, "utilizando una pila de hidrógeno, para lo que resultaba necesario comprar un habitáculo especial". Así lo explicó la propia técnico en los Juzgados, donde dejó claro que recordaba ese proyecto y haber firmado la propuesta de gasto, que partía del entonces concejal Ubaldo Becerra.
Sin embargo, ahí terminó su participación en el expediente. En su declaración, Hernández manifestó "con rotunda seguridad" que el proyecto no llegó a realizarse. "A los pocos días de iniciar el procedimiento me dijeron que la pila no iba a llegar a tiempo y la caseta no se construyó. El árbol no se iluminó", declaró la técnico, que sostiene que ella nunca llegó a ver la factura que se presentó posteriormente por parte de la empresa, Infogelan. "Para mí esa factura no existía porque no se hizo el trabajo", insistió la técnico.
"La factura figura pagada"
"Pese a ello", subraya la juez en el auto, "la factura figura pagada" por el Ayuntamiento, aunque "en la misma no se plasma firma alguna" de esta técnico. "La participación por tanto de la señora Hernández se limita a su intervención en un proyecto que se presupuestó como real, pero cuya ejecución se frustró. Hasta ahí llega su conocimiento como técnico, sin que haya indicio alguno de su participación posterior en el cobro de la factura por unos trabajos no realizados", sostiene la juez, acordando así el sobreseimiento de esta imputación.
Sin embargo, al igual que con los otros tres funcionarios que acaban de ser "desimputados", la juez acuerda volver a citar a Rut Hernández, esta vez en calidad de testigo. Y en su caso, su declaración cobra especial importancia en la causa, ya que su testimonio confirmaría uno de esos pagos por servicios no prestados que se investigan en Unión.
Según los informes que obran en la causa, incluyendo un informe pericial de la Audiencia de Cuentas de Canarias, sólo con los distintos pagos a Infogelan se podrían haber malversado casi 1,2 millones de euros del Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2007 y 2010. Y eso contando solo una de las empresas que se investigan en una de las piezas de Unión.
Supuesta omisión del deber inspección
Además de por su firma en uno de esos expedientes, Ruth Hernández también había sido citada como imputada por una posible omisión en su supuesto deber de "dirección e inspección de los servicios de limpieza viaria, de parques y jardines y de recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos", donde también se investigan pagos presuntamente fraudulentos.
Las defensas de otras dos funcionarias que estaban imputadas, Yoana Cabrera Machín y Loyola Hernández (que acaban también de quedar fuera de la causa) pidieron un informe para que se identificara a la persona que debía supervisar su trabajo en este departamento, que dependía del concejal Antonio Machín.
Tras recibir el informe municipal, en el que se apuntaba a la técnico Ruth Hernández, la juez decidió citarle también para que respondiera por estos hechos. Sin embargo, tras escuchar su testimonio y realizar las diligencias oportunas, concluye que tampoco se ha acreditado que tuviera una "función inspectora" en el momento de los hechos respecto a esas dos trabajadoras.
