La sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechazó el pasado 13 de junio un recurso de apelación interpuesto por Inalsa contra la decisión de paralizar los vertidos de salmuera en la central de desalación Díaz Rijo. De esta manera, la Justicia obliga a acabar con estos vertidos, algo que podría poner en peligro el suministro de agua potable, ya que "es materialmente imposible desalar sin verter salmuera", según han asegurado desde el Cabildo de Lanzarote y el Consorcio del Agua.
Aunque la sentencia fue dictada hace más de tres meses, el presidente del Cabildo no la ha conocido hasta este martes, a través de los medios de comunicación. Así lo ha admitido Pedro San Ginés en un comunicado, en el que explica queha remitido "de forma inmediata" un escrito a la gerencia y a los administradores concursales de Inalsa para que expliquen "por qué no se ha dado traslado de este hecho a la propiedad". Además, les ha pedido información sobre "las posibles consecuencias y soluciones".
San Ginés también ha solicitado este martes al mediodía una reunión urgente con el máximo responsable de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), "organismo que, en definitiva, es quien propuso la medida cautelar de suspensión de vertidos que Inalsa recurrió". En este encuentro, San Ginés le explicará que, según un informe de los responsables de producción y gerencia de Inalsa, "la salmuera no es un vertido contaminante".
"Dejar sin suministro al 80 por ciento de la población"
Además, San Ginés intentará "hacer entender" a la Apmun "lo que no han entendido los tribunales", es decir, que "aún cuando estos vertidos fueran contaminantes, sería muchísimo mayor el perjuicio para la salud pública dejar sin suministro de agua potable al 80 por ciento de la población lanzaroteña". Además, en esta reunión con la Apmun, San Ginés insistirá en que ésta previsto, en el marco de la ejecución de la planta Lanzarote V, la colocación de un emisario submarino que habilitaría la autorización de vertidos de toda la central de desalación Díaz Rijo.
Pese a la advertencia realizada desde el Cabildo y desde el Consorcio, sobre el perjuicio que sufriría la mayor parte de la población si no se pudiera desalar el agua, desde ambos organismos han llamado "a la tranquilidad" ante esta sentencia. Y es que afirman que "no supone nada nuevo por cuanto la medida cautelar de suspensión fue adoptada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural hace varios años, sin que entonces, ni ahora, se vaya a ejecutar, aunque se haya desestimado el recurso que presentó Inalsa contra la misma".
