El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas ha aceptado la recusación formulada por la empresa Urena Mountain, promotora de un proyecto hotelero en Montaña Roja, contra dos técnicos de la Oficina del PIOT del Cabildo de Lanzarote.
De esta forma, la providencia de la jueza María Olimpia del Rosario ordena al Cabildo que se emita un nuevo informe de compatibilidad para un proyecto urbanístico en Montaña Roja por técnicos distintos a Leopoldo Díaz y Esteban Armas.
En la fase de ejecución de sentencia, los promotores solicitaron que se recusara a estos dos técnicos de la Oficina del PIOL,por su vinculación con la Fundación César Manrique (FCM), que fue quien pidió la ejecución de la sentencia. Ahora, la propia Fundación puede presentar un recurso contra esta providencia, que aún no es firme.
Sin embargo, estos técnicos ya fueron cesados por orden del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, el pasado viernes, 22 de octubre. En esa resolución, San Ginés afirma que, en el caso del Leopoldo Díaz, "queda acreditado que no tienen ningún tipo de vínculo ni relación con la FCM desde el 16 de diciembre del año 2000", pero aún así decide apartarle, argumentando que lo hacepor "prudencia", "en virtud del principio de seguridad jurídica".
Así, antes incluso de hacerse pública la provindencia de la juez, contra la quecabe recurso, el Cabildo se adelantaba adoptado esta medida, pese a que afirma que no había motivos para la recusación.
Leopoldo Díaz hace diez años que no tiene vinculación con la FCM y Esteban Armas pertenece a su Patronato, que no toma las decisiones sobre los pleitos interpuestos. Los informes de estos dos técnicos han servido al Cabido de Lanzarote para ganar 27 pleitos contra otras tantas licencias otorgadas por los ayuntamientos de Teguise y Yaiza.
Abogados imputados
La recusación de los dos técnicos se ha solicitado en distintos procedimientos por los dos abogados que defienden los intereses de los promotores con licencias anuladas en Lanzarote: Felipe Fernández Camero e Ignacio Díaz de Aguilar, ambos imputados en el procedimiento que se sigue en el Juzgado número 2 de Arrecife y que investiga la existencia de una presunta trama para obtener esas licencias.
Hay que recordar que el Cabido de Lanzarote comenzó a recurrir las licencias de esos ayuntamientos por considerar que estaban en contra del planeamiento insular. La Fundación César Manrique decidió posteriormente sumarse a esos procedimientos por si un cambio en el gobierno del Cabildo provocaba la retirada de los procedimientos. Todos los pleitos los han ganado el Cabildo y la FCM. El Cabildo no ha solicitado la ejecución de las sentencias y la FCM sí.
