Uno de los herederos de José Negrín Armas se ha personado en la causa penal abierta por la construcción de la bodega Stratvs para "ejercer las acciones penales y civiles que puedan corresponderle en defensa de sus intereses", ya que sostiene que parte de los terrenos que utilizó el empresario Juan Francisco Rosa para levantar esta instalación no eran de su propiedad, tal como había puesto de relieve la propia instrucción de esta causa.
En un escrito remitido al Juzgado el pasado 28 de noviembre, uno de los hijos de José Negrín sostiene que él, su madre y sus dos hermanas son "titulares de pleno dominio de la 1/18ava parte indivisa de la finca registral 3.630", donde entre otras cosas había una vivienda, y donde hoy se levantan las instalaciones de Stratvs, por lo que acusa a Rosa de usurpación de bien inmueble.
"Resulta evidente que ni Juan Francisco Rosa Marrero, ni la empresa BTL Lanzarote S.L., de su propiedad, tienen titulo de dominio alguno" sobre esa parte de la finca, sostiene el escrito, en el que denuncia que se "usurpó un derecho real inmobiliario de pertenecía ajena" y se demolió la vivienda existente y se construyó sobre la finca "sin autorización de ningún tipo" por parte de la familia Negrín.
Por eso, además de personarse en la causa "en defensa de sus intereses", también reclama al Juzgado que adopte medidas cautelares" y ordene el "cierre y precinto de todos los locales y de la bodega".
"Esta parte", señala el escrito, "solicita tal medida en base a su vinculación con la propiedad afectada" y "ante posibles responsabilidades civiles o indemnizatorias por hechos delictivos ocurridos en nuestra propiedad, pidiendo con ello tutela judicial ante lo ocurrido".
Usurpación y "otros delitos"
El abogado de Negrín sostiene en su escrito que tras personarse en la causa, tuvieron acceso a "la documentación obrante en autos" y, "a pesar del escaso tiempo transcurrido, tan sólo 15 días, se observa la existencia de posibles hechos delictivos que afecten gravemente a mi representado y sus coparticipes familiares en relación con los hechos que se investigan".
Al respecto, el letrado señala que "además del delito de usurpación de bien inmueble, podrían haberse cometido otros delitos contra el Patrimonio Histórico, contra la Ordenación del Territorio y contra el Medio Ambiente, así como delitos de prevaricación administrativa y de falsedad ante la Agencia Tributaria.
Respecto a este último posible delito, señala que la empresa de Juan Francisco Rosa hipotecó "una finca sobre la cual no hay nada edificado, ya que la bodega Stratvs y todos sus anexos están ubicados en la finca colindante", de la que una parte pertenece a la familia Negrín.
En cuanto al delito de prevaricación administrativa, sostiene que "así se deduce de lo actuado hasta la fecha, "al arrogarse Juan Francisco Rosa Marrero o BTL Lanzarote la propiedad de una finca, de la cual al menos la 1/18 parte indivisa no le pertenece".
Contaminación del suelo y destrucción de una vivienda de valor etnográfico
Sobre los otros tres delitos, el escrito apoya sus conclusiones en los propios informes que obran en la causa, y por los que está imputado Juan Francisco Rosa. Así, subraya que un informe del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo advierte de "la destrucción de la vivienda de valor etnográfico y de varios zocos", pese a que el permiso que se había otorgado a Rosa era precisamente para restaurar esa construcción.
En cuanto al delito contra la Ordenación del Territorio, se basa en un informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, "donde se hacen constar gravísimas irregularidades urbanísticas cometidas al amparo de un proyecto falsamente ejecutado".
Por último, en cuanto al delito contra el Medio Ambiente, el escrito del abogado de Negrín hace referencia a un informe de la Dirección de Aguas del Gobierno de Canarias, "donde se hace constar el alto grado de contaminación" en "el sanitario de baños y lavado de la bodega, que sobrepasan de una manera increíble los límites establecidos" en el Reglamento de Control de Vertidos para la protección del Dominio Público Hidráulico, "filtrándose dicha contaminación al terreno de cultivo".
Por todo ello, concluyen pidiendo el cierre cautelar de todos los locales y de la bodega, basándose en "la protección de la ordenación del territorio y del medio ambiente y la restauración del equilibrio perturbado, previniendo con ello la continuidad de la actividad delictiva y los efectos de la misma".
Al respecto, cabe recordar que el Ayuntamiento de Yaiza ya ordenó el cierre del restaurante y abrió expediente sobre el resto de las instalaciones. En ese expediente, se propuso el cierre total de la bodega, aunque hasta el momento no se ha resuelto de forma definitiva y la instalación continúa abierta.
