Para la organización ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción, la promulgación de dos amnistías de viviendas ilegales en menos de una década ha propiciado el aumento de los casos en Canarias. En este sentido, los ecologistas se remiten a los datos publicados por el diario El País, donde se afirma que los 947 expedientes de las provincias de Santa Cruz y los 554 de Las Palmas durante el año 2005 convierten al archipiélago canario en la principal Comunidad autónoma en infracciones por viviendas ilegales de todo el estado español.
Por ello, Ben Magec-Ecologistas en Acción solicita al Gobierno de Canarias el cumplimiento de las sentencias de derribos de viviendas ilegales, en su totalidad o parcialmente, cuando se trate de segundos o terceros pisos.
Los ecologistas afirman que las viviendas ilegales en Canarias representan el 20 por ciento de los casos de viviendas ilegales del estado, una quinta parte, por lo que requiere el cumplimiento de las sentencias de derribo pendientes por parte de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
Las islas capitalinas, y en especial Tenerife, abanderan el cómputo global de viviendas construidas sin ningún amparo legal. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, evidentemente contraria a esta Ley, estima que aproximadamente el número de viviendas en esta situación es de unas 6.000, y que además en concreto con los posibles cambios de planeamiento urbano, las susceptibles de derribo son unas 1.000 residencias, que se sitúan en suelos de protección y/o rústicos.
Ben Magec recuerda que se pusieron el año pasado más de 100 denuncias a chalés y viviendas ilegales, y espera sentencias con las denuncias planteadas ante los Tribunales por la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde se encuentran incluso imputaciones contra algunos cargos públicos en activo.
Ben Magec-Ecologistas en Acción está totalmente en contra de la permisividad con este tema por parte de las admnistraciones, y por el contrario creemos que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural debe tener más recursos y más celeridad en el derribo de los casos flagrantes de ilegalidad.
ACN Press